■ La Procuraduría ha otorgado apoyos, señala la funcionaria
La procuradora general de Justicia del estado, Leticia Catalina Soto Acosta, informó que hasta ahora no se ha ejercido el recurso de alrededor de 4 millones de pesos que está previsto en el fondo de apoyo a víctimas, pues éste no cuenta todavía con lineamientos ni normatividad sobre su aplicación.
Expuso que al no haberse puesto en operación aún esta bolsa de recursos, la PGJEZ ha otorgado apoyos “para traslados a los juicios, atención médica, atención psicológica, es decir, nosotros en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Derechos Humanos hemos hecho nuestra parte para no dejar descubierto algo tan importante”.
En cuanto a los reglamentos que deberán regir el fondo de apoyo, el cual representa el 0.0014 por ciento del presupuesto total que ejerce el estado de Zacatecas, la procuradora apuntó que en ellos se tendrá que establecer “en qué momento se hace uso de ese recurso y para qué tipo de víctimas”.
Recordó que este dinero fue previsto para que exista la posibilidad de reparar el daño hecho a una persona que ha sido víctima de un delito, en los casos en los que haya un imputado desconocido o en los que el victimario no pueda responder económicamente a las disposiciones del juez.
Concluyó, por tanto, que “tendrá que haber lineamientos y criterios específicos para ver en qué momento se activa el fondo y cuál va a ser la prioridad porque la cantidad que se ha destinado, sobre los 4 millones de pesos, realmente será insuficiente para atender a todas las víctimas que se presentan en nuestro estado en las diferentes comisiones de hechos delictivos”.
Pese a que a la fecha no hay un titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el órgano que estará encargado de administrar el fondo referido, subrayó que “no hay ausencia en términos de la defensa en juicios orales” de las personas víctimas de algún delito.
En este sentido, explicó que hay designados al interior de la procuraduría dos “asesores victimales” encargados de fungir como defensores de oficio en estos casos, “tienen la obligación de representar los intereses de la víctima”.
Entre los derechos de estas personas, mencionó la funcionaria, se encuentran el de conocer la carpeta de investigación de sus casos desde el inicio, el de estar presente en el juicio oral y defender sus intereses y también poseen el derecho de iniciar una controversia contra la decisión del Ministerio Público en caso de considerar que se les ha dañado con ella.
