El pleno de la 60 Legislatura desechó la demanda de juicio político interpuesta por Santos Antonio González en contra de los integrantes de la Comisión de Planeación Patrimonio y Finanzas (PPF) por no haber pagado a un ex diputado suplente y a otro en funciones las herramientas legislativas que se les otorga cada mes para dar apoyos de gestión y que equivalen en su conjunto a un millón de pesos para cada uno.
Gustavo Torres, después de haber ingresado al Congreso local, en suplencia de Benjamín Medrano, y Miguel González, en reemplazo de Gustavo Muñoz Mena, se quejaron de no recibir el dinero de las denominadas herramientas, mismas que ya se habían gastado los propietarios de la curul; fue así que decidieron promover un juicio político en contra de Osvaldo Contreras, Ana María Romo, Ramiro Rosales y Geovanna Bañuelos, por ser éstos lo integrantes de la comisión que maneja las finanzas de la 60 Legislatura.
Sin embargo, por mayoría, los legisladores consideraron que no era procedente la queja porque los documentos presentados fueron insuficientes. Ante eso, Gustavo Torres anunció que como inconforme, junto con González, interpondrá un amparo en contra de la resolución ante un juzgado de distrito.
