A un año de la despenalización del aborto en Zacatecas, el balance general muestra avances relevantes, aunque persisten retos estructurales, legales, sociales y operativos que limitan el acceso pleno y seguro al derecho a la interrupción del embarazo. Tanto desde el ámbito legislativo como desde el sector salud se reconoce que, si bien la reforma representa un triunfo histórico, todavía existen barreras que deben atenderse para garantizar un acceso real, oportuno y sin discriminación.
La diputada que impulsó la reforma, Renata Libertad Ávila Valadez, recordó ante una entrevista para el medio, que el proceso fue resultado de una lucha colectiva sostenida durante más de una década. Señaló que “hace un año, Zacatecas dio un paso histórico. Después de 17 años de que se presentó la primera iniciativa, logramos despenalizar el aborto en nuestro estado”. Afirmó que la aprobación no nació del miedo ni de la conveniencia política, sino “de la responsabilidad ética de reconocer que ninguna mujer debe ser perseguida ni criminalizada por tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.
Sin embargo, la legisladora explicó que la implementación enfrenta obstáculos importantes debido a la transición hacia el sistema IMSS-Bienestar, que transfirió a la federación más del 75% de las atribuciones que anteriormente correspondían al Estado. Esto generó vacíos y confusiones administrativas que se tradujeron en dificultades operativas. Señaló que durante el primer año se reportaron 224 abortos legales practicados en los tres hospitales habilitados, pero también 75 rechazos a mujeres que habían superado las 12 semanas permitidas por la ley.
Ávila Valadez indicó que aún existe resistencia en los servicios de salud. Comentó que “se encuentra mucha resistencia, no solamente por parte del personal médico objetor de conciencia, sino que en estos nosocomios en ocasiones no se cuenta con los insumos básicos para poder proceder”. Esta situación, dijo, continúa generando barreras que la reforma buscaba eliminar.
Entre las tareas pendientes, la diputada destacó la armonización de la Ley de Salud, proceso que debió haberse completado desde la entrada en vigor del modelo federal. Afirmó que “el Poder Legislativo falló… porque a estas alturas ya debería haber estado armonizado”. Agregó que la falta de claridad entre lo que corresponde al Estado y a la Federación crea un escenario en el que ambas partes se deslindan, generando incertidumbre para las mujeres que buscan atención.
Además, informó que presentará una iniciativa para incluir educación sexual integral en la Ley de Educación del Estado y en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de prevenir embarazos no deseados y brindar herramientas informadas a la juventud. Aclaró que el objetivo de la reforma no es “incentivar que las mujeres aborten, sino evitar que sean criminalizadas y que fallezcan por practicarse abortos en condiciones insalubres”.
A pesar de los avances legislativos, la diputada refirió que algunos sectores conservadores mantienen resistencia. Denunció a través de sus redes sociales la aparición reciente de llamados “muros de la vergüenza” que incluyen señalamientos y condenas hacia quienes votaron a favor de la despenalización. Frente a ello, afirmó: “A mí no me da vergüenza haber impulsado esta reforma ni me da vergüenza haber votado a favor. Me daría vergüenza haber callado ante la injusticia”.
Sobre su postura un año después, “Sostengo cada palabra que pronuncié aquel día histórico. Sostengo cada voto. Sostengo cada convicción… reafirmo que no daremos ni un paso atrás”.
Por su parte, la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Zacatecas manifestó que, a un año de la despenalización del aborto en el estado, la decisión legislativa se tomó mediante un proceso que consideran “dudoso y problemático”, pese al diálogo entre organizaciones provida y legisladores. Calificaron la medida como una imposición ideológica impulsada por presiones externas y afirmaron que no representó la voz ni las necesidades de la ciudadanía. Señalaron que, desde su perspectiva, el aborto vulnera el derecho humano a la vida del concebido y no ha generado beneficios para las mujeres; por el contrario, sostienen que ha incrementado la violencia, afectado la salud materna y dejado sin atención la vulnerabilidad y falta de educación que enfrentan muchas mujeres.
La organización pidió al Congreso revertir la decisión y afirmó que la despenalización lesiona la dignidad humana de los zacatecanos al someterlos, dicen, a la voluntad de otros. En su llamado final, exhortaron a la sociedad a redoblar esfuerzos para promover y acompañar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y a brindar apoyo integral a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, al considerar que este acompañamiento es una vía más efectiva para prevenir consecuencias negativas en la salud física y mental derivadas del aborto.
Por otro lado, la visión médica aportó un contraste importante. La doctora María Fernanda Quiñones Alba describió la realidad de la atención en una comunidad rural donde, pese a la reforma, aún no se aplica el aborto seguro. Pese a que está a favor del aborto, explicó que en su unidad no se brinda el servicio porque no reciben insumos, capacitación ni autorización.
Sin embargo, escribió un panorama alarmante de embarazos adolescentes: niñas de 12, 13, 14 y 15 años, algunas con dos o incluso tres embarazos antes de la mayoría de edad. Recordó casos en los que incluso menores viven violencia por parte de sus parejas, también menores. “No es solo el embarazo en adolescentes el problema… sino el grado de violencia que sufren y la cultura que hay en comunidades marginadas”, comentó.
Quiñones Alba destacó que el sistema debía enfocarse en educación sexual, prevención y protección institucional tanto para las mujeres como para el personal médico. Explicó que, aunque están obligados a proporcionar métodos anticonceptivos a cualquier adolescente que los solicitara sin necesidad de consentimiento de los padres (lo que consideró un avance), la falta de respaldo para realizar abortos sigue siendo un obstáculo y señalo la falta de cobertura estatal.
A un año de la despenalización del aborto en Zacatecas, la reflexión inevitable es que una reforma legal, por histórica que sea, no basta por sí misma para garantizar el ejercicio pleno de un derecho. El caso zacatecano evidencia que los avances normativos requieren voluntad política constante, claridad institucional y un sistema de salud fortalecido. Mientras la legislación abrió la puerta a un modelo más justo y menos punitivo, la realidad operativa muestra que aún persisten resistencias, carencias y confusiones que limitan el acceso real a servicios seguros y dignos. El contraste entre las posturas legislativas, médicas y religiosas revela que el debate social continúa vivo y que las tensiones entre ética, fe, salud pública y autonomía siguen marcando el camino.
