■ MAR, familiares y subalternos, señalados en El Universal: González
Aquiles González Navarro, ex procurador general de Justicia del Estado de Zacatecas e integrante de Despertar Ciudadano, informó que luego de los nuevos indicios de presuntos delitos cometidos por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, sus familiares y subalternos, publicados por el periódico de circulación nacional El Universal, la organización acudirá a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General del Estado de Zacatecas, a verificar que a partir de esta denuncia se hayan abierto ya, como lo establece la ley, las indagatorias respectivas.
En sustento, ofreció la referencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la resolución al Amparo directo 3593/71, que a la letra señala: “Tratándose de delitos que se persiguen de oficio, basta con que el titular del ejercicio de la acción penal tenga conocimiento de la comisión de hechos delictuosos para que inicie la averiguación y ejercite la acción penal correspondiente, sin que sea requisito de procedibilidad la querella, bastando la denuncia o acusación de cualquier persona”.
Observó entonces que “ya no se requiere que vaya a alguien” a interponer una denuncia por delitos como la asociación delictuosa, el desvío de recursos y la extorsión, entre otros, que se derivarían de los hechos que denuncia ante la opinión publica el periodista Misael Zavala en El Universal, porque “el mismo hecho periodístico la constituye”.
De esta manera objetó también las declaraciones del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Raúl Brito Berúmen, de que sólo iniciaría una investigación exhaustiva si hubiera “una denuncia concreta sobre alguna irregularidad específica”, como expone la nota de Alma Tapia del 21 de septiembre en La Jornada Zacatecas.
González Navarro refrendó al respecto, que tanto la PGR como el procurador general de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, están obligados a iniciar sendas investigaciones, y este último revisar cuáles de los hechos denunciados son de competencia local y cuales derivan a asuntos federales.
Precisó asimismo que los indicios que se exhiben e involucran presuntamente a Le Roy Barragán Ocampo, ex secretario de Administración y actual diputado local; el ex secretario de Salud, Raúl Estrada Day; el hermano del ex gobernador y su primo político, respectivamente, Juan Manuel Alonso y Noé J. Cantú, y al propio ex mandatario, Miguel Alonso Reyes, son constitutivos, además de otras probables tipificaciones, del delito de delincuencia organizada, en tanto que la “asociación delictuosa” ocurre cuando “intervienen tres o más personas, cuando se organizan, con la intención de permanente de delinquir”.
De esta manera lo referido en El Universal, sustentado en “cientos de correos electrónicos” que exhiben el intercambio de información para realizar presuntos acuerdos ilícitos, sumado a otros presuntos delitos ya señalados en las averiguaciones iniciadas hace tres meses por el diputado federal Jorge Álvarez Máynez, y en otra indagatoria, por el legislador local Cuauhtémoc Calderón y el abogado Jesús Gaytán, “pintan para una madeja muy grande, de dimensiones enormes en todos los rubros”, pues involucran asuntos inmobiliarios, licitaciones para la construcción, y compras de alimentos y medicamentos, así como contrataciones artístico-culturales que habrían sido realizadas en desapego a la normatividad.
Aquiles González Navarro comentó que la Delegación de la PGR en la entidad, canceló el pasado miércoles la cita que ya le habían concedido a Despertar Ciudadano para atender su petición de información de los avances respecto de las indagatorias presentadas por Álvarez Máynez y Cuauhtémoc Calderón, y observó que ya que la persecución de los delitos depende de la voluntad política que pudieran tener tanto el Ejecutivo federal como el estatal, misma que se realiza en un contexto general que exhibe un “sistema político mexicano degradado en su totalidad”, lo que resta es hacer un llamado a la ciudadanía para que firme la petición que ha lanzado en redes sociales la organización a través de la plataforma change.org y que se denomina “Procuraduría General de la República: Erradicar la corrupción en la tarea administrativa de Zacatecas”, y/o bien, mandar correos a las procuradurías exigiéndoles que abran las carpetas de investigación por los hechos que se señalan en el diario El Universal.
“Es muy complicado, si no nos organizamos no va a haber nada (…) lo que pasa es que están todos coludidos en un mar tremendo de corrupción, que tenemos que pararlos entre todos”.
