A través de sus redes sociales, el legislador local por Morena, Ernesto González Romo, informó que luego de denunciar varias irregularidades encontradas en la entrega-recepción del Congreso, entre otros asuntos, la llamada Estafa Legislativa, “de forma sorprendente”, la Auditoría Superior del Estado le ha pedido pruebas “porque ellos no se dieron cuenta de nada”, por lo que tendrá que esperar además hasta el próximo año, porque la oficialía de partes ya está de vacaciones y no hay guardia.
Cabe recordar que desde inicios del mes de noviembre, el legislador denunció que en la Legislatura pasada se realizó un esquema de triangulación con empresas fantasma para la creación de iniciativas por un monto superior a los 200 millones de pesos, lo que pudiera considerarse como “el mayor escándalo de corrupción” al interior de la Legislatura, y por lo que, al menos 25 de los 30 ex diputados “están en grave riesgo de terminar en la cárcel por delitos fiscales y delincuencia organizada”, incluidos quienes ahora son funcionarios de primer nivel del gabinete de David Monreal Ávila.
En noviembre, González Romo, quien funge también como presidente de la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que luego de que desparecieron las llamadas herramientas legislativas, el recurso se orientó a diversas partidas presupuestales y se creó un esquema de empresas que facturaban servicios legislativos que cobraban una comisión y después devolvían el dinero, lo cual implicó el desfalco de más de 200 millones de pesos, pues simulaban emisión de facturas a través de un servicio para el que los diputados recibían al mes 200 mil pesos.
La mayoría de las facturas, mismas que corresponden a los meses de junio, julio y agosto del año en curso, según se observa en las carpetas, a decir del legislador, tienen indicios claros de ser emitidas por empresas dedicadas a la simulación de actividades. Entre las empresas que aparecen destaca el grupo Ferse de Zacatecas SA de CV, que facturó a la 63 Legislatura más de 6 millones de pesos por “asesoría legislativa” a seis diputados de diversos partidos políticos.
Al menos 25 de los 30 ex diputados “están en grave riesgo de terminar en la cárcel”
Destaca también la empresa Bocaccio SA de CV, que facturó 5 millones de pesos por la asesoría a nueve diputados. Al investigar el domicilio fiscal de dicha empresa, señaló González Romo, se encontró que es “una tiendita de abarrotes” en la Ciudad de México. En el mismo sentido aparece la empresa Innovaciones Baetanus, cuyo domicilio fiscal es un edificio de oficinas virtuales en la capital del país, que cobró 4 millones por asesorías a siete diputados.
Caso particular es el que se refiere a K&VN Consultores SC, cuyo domicilio fiscal está en Oaxaca, que al revisarlo, lo que hay en el lugar es un restaurante de nombre Zandunga, pero que además, quien aparece como representante legal estuvo en la cárcel por fraude específico y aun así, dijo, facturó 4 millones de pesos a la anterior Legislatura.
De igual forma, en el mismo mes de noviembre, González Romo acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para interponer la denuncia formal por el citado desfalco, donde presentó además un listado completo de las empresas, una caja completa con toda la documentación, una relatoría de hechos de las diferentes empresas y de cómo puede identificarse que son en realidad falsas.
De igual forma, señaló que pidió a las autoridades de la UIF que revisen los flujos de los ex diputados que intervinieron en la trama, además de los de las empresas, las cuales, aseguró, no tienen ni la capacidad técnica ni los recursos humanos y financieros para generar los servicios que cobraron a la Legislatura anterior.
Finalmente, informó, solicitó también a la unidad, que presente ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por los delitos fiscales que se cometieron en la llamada “Estafa Legislativa”.
