En esta colaboración quisiéramos expresar nuestro punto de vista sobre la nueva ley sobre el agua como un derecho humano, así como sobre la opinión difundida públicamente por el señor obispo de Zacatecas, la cual causó una polémica en la que jóvenes e inexpertos dirigentes de lo que se conoce como Morena a nivel local rechazaron sus declaraciones y fueron más allá al interponer una denuncia ante las autoridades electorales locales. Por ello, fueron fuertemente cuestionados no solo por la oposición, sino también por miembros de su propio partido, como Saúl Monreal, entre muchos otros.
En primer lugar, comentaremos que las opiniones del señor obispo se centraron básicamente en dos rubros. El primero fue su consideración de que la nueva ley del agua representa un acto autoritario del nuevo gobierno federal, afirmando que va contra los intereses de la mayoría de la población, sobre todo de los más desprotegidos, lo cual es una absoluta mentira. Todo indica que desconocía el fondo de la nueva ley recientemente aprobada. El segundo rubro se refirió a lo que él denominó claramente como los “damnificados” de la Cuarta Transformación, cuando en realidad los verdaderos damnificados —esto no lo mencionó— son aquellos que conformaron el establishment: las clases privilegiadas durante los gobiernos neoliberales, como los medios de comunicación impresos (periódicos de derecha), los electrónicos (radio y televisión, principalmente TV Azteca), los pseudointelectuales beneficiados en esos tiempos, como Krauze y Aguilar Camín, las cúpulas empresariales y, entiendo que en mucha menor medida, la jerarquía de la Iglesia católica. Digo en menor medida porque realmente no comprendo cómo el cambio de timón de la 4T podría afectarles, a menos que siempre hayan estado aliadas a esa estructura a la que, de manera subconsciente, se refirió como “los damnificados de la 4T”.
Conozco al señor obispo, quien alguna vez me sorprendió cuando lo invité a dialogar con el Observatorio Ciudadano de Zacatecas, mostrando un pensamiento nada conservador e inteligente. Reconozco, por supuesto, su derecho a opinar dentro de lo que conocemos como libertad de expresión; pero —y siempre hay un pero— su opinión contraria y crítica a la 4T tendría que ser personal, y no emitida como pastor o dirigente, dicho de otra forma, de un gremio como lo es la Iglesia católica local. Ahí sí estamos ante un problema no solo ético, sino moral y claramente ilegal, ya que la Constitución establece la separación entre el clero y el Estado. Estas declaraciones —podrá negarlo, pero resulta evidente— se inscriben en una estrategia de propaganda de una cúpula católica aliada no solo a fuerzas de derecha, sino de la extrema derecha, en su guerra declarada contra los gobiernos de la 4T.
El contexto es claro, pues estas declaraciones se dan en un marco en el que vimos al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, marchar en la primera de las movilizaciones convocadas supuestamente por la generación Z, aunque había más personas mayores que jóvenes, con la participación de líderes de la oposición y de los siempre violentos grupos anarquistas, en el mes de noviembre. A ello se suman sus declaraciones en la más reciente reunión plenaria de los 126 obispos que integran la CEM, cuando se preguntaron: “¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe con la misma radicalidad?”, en referencia a la Guerra Cristera, la cual —aseguraron— buscaba bloquear la religiosidad del pueblo mexicano. En realidad, lo que se legislaba era la prohibición de las manifestaciones públicas de la Iglesia católica; si bien en algunos sitios, como Tabasco, se llegó a un extremo inaceptable con el cierre de templos, hasta ahí. Ello fue interpretado erróneamente como una prohibición a la libertad de culto, la cual estaba claramente establecida en la Constitución, y, alentada por los obispos de la época, dio lugar a una lucha violenta con un derramamiento de sangre. De esa violencia, los obispos tomaron distancia para después negociar, a espaldas de quienes se levantaron en armas, el fin de la guerra, sin consultar siquiera a quienes participaron en la rebelión bajo el lema “Viva Cristo Rey” (1926-1929). Tal vez olvidan que la violencia no solo se dio por parte del gobierno de Calles, sino también por los cristeros, como en la matanza de maestros rurales que nada tenían que ver con el conflicto. Pero esa es otra historia.
La realidad es que las declaraciones del señor obispo se enmarcan en una nueva embestida de las cúpulas eclesiásticas contra un gobierno que en su interior consideran comunista, no muy distinta de aquella campaña del “comunismo no” de la primera mitad del siglo XX, en la que se afirmaba que los comunistas se comían vivos a los recién nacidos.
Es claro —al menos para mí— el profundo desconocimiento del contenido de la nueva ley del agua por parte del señor obispo. Dicha ley reconoce el agua como un derecho humano y, lejos de ir en contra del uso del recurso por las clases más marginadas, fue diseñada para combatir la ley que privatizó el agua en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el contexto de debilitar al Estado y privatizar todo lo privatizable, cuando se concesionó el agua de manera indiscriminada.
Ejemplos sobran: 50 millones de metros cúbicos al exgobernador César Duarte, de Chihuahua, hoy preso, quien tuvo el descaro de mandar construir una presa en su rancho; 3 mil 114 millones de metros cúbicos a Vicente Fox; y 47 millones de metros cúbicos, en 150 concesiones, a sus familiares. Cuando uno de los Levario era funcionario de Conagua en tiempos de Fox, recibió una concesión de 47 millones de metros cúbicos, con lo cual, como señaló un editorial de La Jornada, “se hicieron ricos con la sed de los pobres”. Eso, señor obispo, es lo que combate la nueva ley: privilegios mal habidos. No olvidemos que los Monreal también figuran en la lista de personajes beneficiados.
Todo ello propició el abatimiento de los mantos freáticos y permitió que, con descaro, se vendiera el agua a terceros, volviéndose inmensamente ricos. No olvidemos que la crisis hídrica que hoy padecemos, y que dio pie a la propuesta de la presa Milpillas, fue desencadenada —algo que incluso olvida Ramírez Cuéllar— porque el 80 por ciento del agua del subsuelo fue concesionada a empresas mineras y a la Cervecería Modelo, lo que provocó una severa crisis de abasto para la población. Por ello, insistimos hasta el cansancio en que debían revertirse las concesiones y que mineras y cerveceras construyeran sus propias presas con recursos propios.
Por último, el título Entre el agua y la pared —una alusión a “entre la espada y la pared”— implica no solo que los concesionarios, ante la nueva ley, iniciaron una embestida llena de mentiras utilizando a agricultores y clases marginadas, sino también que, desde el exterior, Trump anunciara una nueva guerra de aranceles contra nuestro país si no se entregaban los recursos hídricos acordados en el Tratado de 1942, un tratado totalmente abusivo que nunca consideró los tiempos de sequía. En fin, guerras internas y externas por un recurso vital para el ser humano.
