La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) estimó la tasa de prevalencia de corrupción (víctima de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados) para el estado de Zacatecas en 6 mil 872 víctimas por cada 100 mil habitantes, por lo que el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 plantea la implementación de un modelo de combate a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.
De acuerdo con este documento, ese modelo deberá ser, corresponsable entre el sector público, la ciudadanía, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, que fortalezca y consolide el Sistema Estatal Anticorrupción, incidiendo en la ejecución de la Política Estatal Anticorrupción.
El Plan Estatal de Desarrollo expone que, en Zacatecas, el costo total en 2019 por la corrupción por la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 769 millones de pesos, que equivale a 3 mil 822 pesos en promedio por persona afectada. Entonces, el costo de la corrupción puede asemejarse también con el costo de la deuda y otros grandes riesgos financieros de la entidad.
Entre las causas de la corrupción, el Gobierno del Estado identifica a la falta de capacidad institucional para garantizar la sanción, ya que sólo 3 por ciento de los delitos de corrupción concluye con una sanción. Esta implica factores como la excesiva carga burocrática, la limitación presupuestal y la insuficiencia de mecanismos y procesos adecuados, que conllevan, por ejemplo, a que de 2018 a la fecha en la Secretaría de la Función Pública, de 11 expedientes por responsabilidades graves con sanción, sólo 7 estén en firme y de 12 referentes a responsabilidades no graves, sólo 12 hayan causado ejecutoria.
Además, durante los primeros 9 meses de 2021, solamente se cubrió el 47 por ciento de las metas referentes a investigaciones por presuntas faltas administrativas y 41 por ciento en la substanciación de procedimientos.
“La corrupción en Zacatecas puede sintetizarse como un problema estructural en el que confluyen elementos culturales, sociales, debilidades o complejidades derivadas de instituciones poco efectivas (estructura organizacional y marco jurídico), provocado por los altos niveles de discrecionalidad, que afectan los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, ampliando los márgenes de maniobra para el indebido e inadecuado manejo de los recursos públicos, elementos a los que se suma la falta de participación ciudadana efectiva”.
El Plan Estatal de Desarrollo del actual Gobierno del Estado establece, entonces, que una política de combate a la corrupción y a la impunidad demanda mejor desempeño y coordinación de las instancias públicas que, integradas en un sistema, desde su ámbito de competencia, lleven a buen término, las tareas preventivas y de sanción contra actos de corrupción y que, en la adopción de la filosofía del gobierno abierto, asuman la transparencia como una condición necesaria para la rendición de cuentas, como un ejercicio de informe continuo del gobierno a sus gobernados.
“En el esquema de la nueva gobernanza, nuestra administración llevará el combate a la corrupción hasta las últimas consecuencias, para que quienes hayan usado indebidamente el ejercicio público, apartándose de la naturaleza del gobierno, sean castigados conforme a las disposiciones legales y, más aún, para que el daño causado sea reparado y se entienda, de una vez por todas, que quien se sirve del pueblo no sirve para gobernar”, expone.
Para tal efecto, se ha establecido el objetivo de erradicar conductas y espacios o nichos que generen oportunidades para cometer actos de corrupción, así como garantizar la sanción cuando estos se consoliden, cubriendo así las dimensiones preventiva y correctiva de la problemática.
Algunas de las estrategias que se definieron para ello consisten en implementar la Política Estatal Anticorrupción de conformidad con lo dispuesto por los acuerdos generados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, para fortalecerla mediante la coordinación interinstitucional y los mecanismos para el combate a la corrupción y la impunidad.
Además, se pretende desarrollar una agenda estratégica en conjunto con los poderes y órdenes de gobierno, con un enfoque incluyente y perspectiva de género de incidencia ciudadana en la prevención y el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social.
Otra estrategia tiene que ver con impulsar reformas jurídicas y administrativas para la mejora de procedimientos tendientes a reducir la discrecionalidad y arbitrariedad en el actuar de servidoras y servidores públicos, así como a elevar la eficiencia en tareas de investigación, substanciación, calificación de faltas y sanción de responsabilidades administrativas.
Por último, se fomentarán programas de educación en instituciones educativas, entes públicos y empresas privadas para la difusión de conocimiento del marco jurídico, mecanismos e instituciones de combate a la corrupción, fomento a la cultura de la denuncia, formación de ciudadanía y participación ciudadana.
