La disputa entre diputadas de Zacatecas, marcada por alusiones personales y expresiones que reproducen estigmas machistas, exhibe cuánto falta para construir un debate político a la altura de una sociedad que aspira a la igualdad sustantiva. Que las protagonistas sean mujeres no vuelve inocuas sus expresiones ni las exime de responsabilidad frente a las consecuencias de sus palabras.
La filósofa Judith Butler ha explicado que el lenguaje no sólo describe la realidad: también puede reproducir jerarquías, excluir y lastimar. Desde esa perspectiva, reducir la participación de las mujeres a sus relaciones sentimentales, como ocurrió con la referencia a las supuestas «novias del gobernador», desplaza la discusión de sus decisiones públicas hacia su vida privada y reactiva prejuicios que históricamente han servido para deslegitimar su presencia en la política.
La socióloga Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica a los mecanismos mediante los cuales la dominación se reproduce incluso sin recurrir a la fuerza física. Por su parte, Marcela Lagarde ha documentado cómo los mandatos patriarcales condicionan la autonomía y el reconocimiento de las mujeres. Ambas perspectivas permiten advertir que la violencia de género no desaparece porque quien la ejerce sea también mujer: las estructuras machistas pueden reproducirse desde cualquier posición política.
Precisamente por eso resulta preocupante que las acusaciones provengan de diputadas, de quienes cabría esperar mayor conciencia sobre el efecto de las palabras en la vida pública. No se trata de exigirles silencio ni una supuesta prudencia femenina, sino de reclamar responsabilidad política, argumentos y congruencia con la lucha por la igualdad. Como plantea Nancy Fraser, la justicia exige condiciones de participación equitativa, no escenarios donde los prejuicios sustituyan a las razones.
Este episodio deja a todas las involucradas en una posición desfavorable y amenaza con convertir una discusión de interés público en un espectáculo de descalificaciones. También puede formar parte de una estrategia de confrontación que, si es la apuesta del alcalde Miguel Varela, la diputada Karla Estrada y sus equipos, corre el riesgo de repetir fórmulas de estridencia, victimización y afirmaciones sin sustento asociadas al estilo político de Lilly Téllez. La notoriedad momentánea no equivale a respaldo ciudadano duradero.
La política no necesita menos confrontación, sino confrontación de ideas. A la dupla Varela-Estrada le corresponde demostrar que puede construir una alternativa mediante propuestas, resultados de gobierno y argumentos verificables, no mediante la «lillytellización» del discurso.
Zacatecas y México necesitan representantes capaces de disentir sin reproducir la violencia que dicen combatir. La igualdad también se demuestra en la manera de debatir: con firmeza, inteligencia y respeto. La ciudadanía merece argumentos, no agravios; soluciones, no espectáculo.
