El episodio de Querétaro, donde el gobernador Mauricio Kuri y el embajador estadunidense Ronald Johnson encabezaron la colocación de la primera piedra de una academia de policías, vuelve a poner sobre la mesa un asunto que en Zacatecas y Chihuahua ya provocó llamadas de atención desde la Presidencia de la República: los límites de las entidades federativas para establecer vínculos con gobiernos extranjeros en materias relacionadas con seguridad.
En octubre de 2022, el entonces gobernador David Monreal Ávila sostuvo encuentros con el embajador Ken Salazar y anunció un esquema de colaboración con agencias estadunidenses. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó públicamente la posibilidad de que un gobierno estatal suscribiera un acuerdo de esa naturaleza y recordó que la conducción de la política exterior corresponde a la Federación. Posteriormente, Monreal aclaró que no había firmado un convenio.
El episodio debería ser recordado porque demuestra que la soberanía no puede convertirse en un asunto sujeto a coyunturas partidistas. En aquel momento, tanto el gobierno estatal como el federal pertenecían a Morena. Ahora, el caso de Querétaro involucra a un gobernador panista y a un gobierno federal emanado de Morena. Cambian los partidos, los gobernadores y los embajadores, pero permanece la misma obligación constitucional y la misma política intervencionista estadounidense.
El artículo 117 establece límites expresos a los estados en sus relaciones con potencias extranjeras, mientras que la legislación mexicana contempla mecanismos de cooperación internacional dentro de determinadas atribuciones y bajo procedimientos federales. La diferencia no es menor: una cosa es la cooperación institucional y otra establecer compromisos que puedan comprometer facultades reservadas al Estado mexicano.
Por ello, las declaraciones de funcionarios estadunidenses sobre inversiones, capacitación y operación de programas de seguridad en una entidad federativa merecen escrutinio público, lo mismo que las explicaciones de las autoridades locales.
No se trata de cerrar las puertas a la cooperación internacional. México mantiene relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con numerosos países. Se trata de que esa cooperación se conduzca conforme al marco jurídico nacional y bajo la responsabilidad de las instituciones facultadas para ello.
Lo ocurrido en Zacatecas y Chihuahua, con Mari Campos al permitir la operación de agentes de la CIA, debería servir como precedente. Si entonces se consideró necesario marcar límites a un gobernador de Morena, los mismos criterios deben aplicarse a una gobernadora o gobernador del PAN.
La soberanía no debería de cambiar con el partido en el poder y tampoco la Constitución, pero estamos viviendo tiempos de un preocupante entreguismo de sectores de la oposición política mexicana.



