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Soberanía: una regla para todos

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Por: La Jornada Zacatecas •

El episodio de Querétaro, donde el gobernador Mauricio Kuri y el embajador estadunidense Ronald Johnson encabezaron la colocación de la primera piedra de una academia de policías, vuelve a poner sobre la mesa un asunto que en Zacatecas y Chihuahua ya provocó llamadas de atención desde la Presidencia de la República: los límites de las entidades federativas para establecer vínculos con gobiernos extranjeros en materias relacionadas con seguridad.

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En octubre de 2022, el entonces gobernador David Monreal Ávila sostuvo encuentros con el embajador Ken Salazar y anunció un esquema de colaboración con agencias estadunidenses. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó públicamente la posibilidad de que un gobierno estatal suscribiera un acuerdo de esa naturaleza y recordó que la conducción de la política exterior corresponde a la Federación. Posteriormente, Monreal aclaró que no había firmado un convenio.

El episodio debería ser recordado porque demuestra que la soberanía no puede convertirse en un asunto sujeto a coyunturas partidistas. En aquel momento, tanto el gobierno estatal como el federal pertenecían a Morena. Ahora, el caso de Querétaro involucra a un gobernador panista y a un gobierno federal emanado de Morena. Cambian los partidos, los gobernadores y los embajadores, pero permanece la misma obligación constitucional y la misma política intervencionista estadounidense.

El artículo 117 establece límites expresos a los estados en sus relaciones con potencias extranjeras, mientras que la legislación mexicana contempla mecanismos de cooperación internacional dentro de determinadas atribuciones y bajo procedimientos federales. La diferencia no es menor: una cosa es la cooperación institucional y otra establecer compromisos que puedan comprometer facultades reservadas al Estado mexicano.

Por ello, las declaraciones de funcionarios estadunidenses sobre inversiones, capacitación y operación de programas de seguridad en una entidad federativa merecen escrutinio público, lo mismo que las explicaciones de las autoridades locales.

No se trata de cerrar las puertas a la cooperación internacional. México mantiene relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con numerosos países. Se trata de que esa cooperación se conduzca conforme al marco jurídico nacional y bajo la responsabilidad de las instituciones facultadas para ello.

Lo ocurrido en Zacatecas y Chihuahua, con Mari Campos al permitir la operación de agentes de la CIA, debería servir como precedente. Si entonces se consideró necesario marcar límites a un gobernador de Morena, los mismos criterios deben aplicarse a una gobernadora o gobernador del PAN.

La soberanía no debería de cambiar con el partido en el poder y tampoco la Constitución, pero estamos viviendo tiempos de un preocupante entreguismo de sectores de la oposición política mexicana. 

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