Pese a las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ONU de fortalecer la formación en ingenierías y disciplinas científicas y tecnológicas, la Licenciatura en Derecho continúa como el programa académico individual con mayor número de egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
De acuerdo con cifras de Data México, elaboradas con información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2022 Derecho registró 519 egresados —192 hombres y 327 mujeres—, de un total de 2 mil 535 profesionistas que concluyeron sus estudios en la universidad.
La cifra representa alrededor de 20.5 por ciento del total de egresados de la institución y supera ampliamente la cantidad registrada por cualquier programa individual de ingeniería. En conjunto, el área de Ciencias Sociales y Derecho concentró 810 egresados durante ese año.
Aunque las ingenierías, distribuidas en distintas unidades académicas como Ingeniería I, Ingeniería Eléctrica, Agronomía y Ciencias de la Tierra, generan en conjunto un volumen de egresados similar o ligeramente superior al de Derecho, ninguna alcanza individualmente sus cifras. Incluso en 2025, una generación de esta licenciatura reportó 340 egresados, mientras que las principales unidades de ingeniería registraron entre 120 y 225 por generación.
La concentración de estudiantes y egresados en Derecho contrasta con los señalamientos sobre las dificultades de inserción laboral de sus profesionistas y con las recomendaciones internacionales de orientar mayores esfuerzos hacia las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), consideradas estratégicas para atender los desafíos del desarrollo económico, tecnológico y ambiental.
En días recientes, el secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, género polémica al señalar que los egresados de Derecho y Psicología enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral estatal y que con frecuencia terminan desempeñándose en actividades distintas a su formación profesional.
“Si vas a estudiar Derecho y Psicología, vas a tener que egresar y dedicarte a otra cosa”, declaró el funcionario, quien también planteó revisar la matrícula universitaria ante la situación financiera de la BUAZ.
La institución rechazó cualquier posibilidad de reducir la matrícula o cerrar programas académicos y sostuvo que las decisiones sobre su oferta educativa corresponden exclusivamente al Honorable Consejo Universitario, en ejercicio de la autonomía constitucional. También advirtió que supeditar la educación superior pública a criterios estrictamente mercantiles o a las necesidades inmediatas del sector productivo supondría desconocer su misión social.
Posteriormente, Miranda Castro aclaró que no había propuesto formalmente cerrar las licenciaturas, sino que había expuesto las dificultades de colocación laboral de sus egresados.
Por su parte, la Unidad Académica de Derecho defendió la pertinencia de su programa y sostuvo que la elección de una profesión debe responder a las vocaciones y aspiraciones de las personas, no exclusivamente a las condiciones del mercado de trabajo. Argumentó que su relevancia social radica en vincular la formación teórica con la realidad jurídica y social.
Sin embargo, los indicadores laborales muestran un problema que trasciende las declaraciones. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondientes al periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026, indican que solamente 52.9 por ciento de los profesionistas ocupados en Derecho desempeñan actividades relacionadas con su carrera, mientras que la informalidad alcanza 28.4 por ciento.
La dimensión del programa también se refleja en la matrícula: Derecho concentra alrededor de 12.5 por ciento de los estudiantes de licenciatura de la BUAZ, la proporción más alta entre las carreras individuales.
Ingenierías, prioridad para el desarrollo sostenible: UNESCO
La discusión sobre la composición de la matrícula universitaria adquiere otra dimensión a la luz de las recomendaciones de organismos multilaterales. El segundo Informe de Ingeniería de la UNESCO, publicado en 2021 bajo el título Ingeniería para el desarrollo sostenible: cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece que esta disciplina es indispensable para avanzar en los 17 objetivos de la Agenda 2030.

La formación de ingenieros e ingenieras resulta estratégica para atender necesidades de infraestructura, agua potable, saneamiento, energía limpia, adaptación al cambio climático, desarrollo urbano, innovación tecnológica y modernización productiva. El organismo también advierte sobre la escasez de estos profesionales, particularmente de mujeres, como uno de los obstáculos para alcanzar esas metas.
En la misma dirección, el PNUD vincula el desarrollo humano con la generación de empleos decentes, la innovación, la digitalización y la transición hacia economías sostenibles.
No obstante, este enfoque no supone relegar las ciencias sociales, las humanidades, la educación, la salud o las artes. La propia UNESCO ha defendido y planteado la importancia de tener una formación integral e interdisciplinaria, en la que los conocimientos científicos y tecnológicos se complementen con principios éticos, conciencia social y respeto a los derechos humanos.
Desde esa perspectiva, el fortalecimiento de las ingenierías no implica necesariamente reducir o desaparecer carreras como Derecho y Psicología, sino revisar las prioridades de inversión, infraestructura, becas y orientación vocacional para responder a las necesidades estructurales del desarrollo.
La discusión ocurre, además, en medio de una crisis financiera estructural de la universidad, cuyo déficit para el cierre de 2026 se estima entre 700 y 750 millones de pesos, además de los pasivos históricos, principalmente con el ISSSTE.
En ese escenario, el peso que mantiene Derecho en la matrícula y en el número de egresados plantea interrogantes sobre la planeación de la oferta educativa, la distribución de recursos y la capacidad institucional para fortalecer áreas estratégicas sin sacrificar la diversidad académica y la función social de la universidad pública.

Para el caso actual del país anfitrión de la APEC 2026, en China egresan anualmente cerca de 1.57 millones de ingenieros de licenciatura frente a 166 mil licenciados en Derecho, una proporción de nueve a uno, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación correspondientes a 2022-2023.
En posgrado la diferencia se mantiene: alrededor de 290 mil ingenieros contra 56 mil abogados. El país produce más de 5 millones de graduados STEM cada año, cifra que refuerza su estrategia de desarrollo industrial y tecnológico.
Mientras las ingenierías concentran la mayor parte de la matrícula y los egresados, el Derecho representa una proporción significativamente menor, reflejo de una política educativa orientada a fortalecer la base productiva y de infraestructura nacional.



