En 1809, los suecos crearon la institución del OMBUDSMAN, que con el tiempo fue ganando popularidad en el mundo. La definición más generalizada la formuló la Asociación Internacional de Abogados como oficina creada por la Constitución o por el Congreso, que encabeza un funcionario público o independiente de alto nivel, responsable ante el Legislativo. Su función: recibir quejas de personas agraviadas por instituciones gubernamentales, y tiene capacidad para hacer investigaciones, publicar informes y recomendar acciones correctivas.
Se trata de una especie de mediador independiente que protege los derechos del individuo frente a las injusticias perpetradas por funcionarios. Su trabajo depende de las investigaciones que realiza porque en ellas sustenta sus recomendaciones; su fuerza viene de la autoridad moral que le da el obedecer solamente las leyes.
La popularidad que esta figura alcanzó en el mundo se debe a la cantidad de posibilidades que tiene un Estado omnipotente para violar los derechos de los individuos; en México, tenemos un variado historial sobre este tema. La idea de crearlo comenzó a tomar fuerza a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado. Uno de los promotores fue Óscar González, entonces coordinador de la gubernamental Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Así lo sugirió, simultáneamente, en la Academia Mexicana de Derechos Humanos y en algunas instancias gubernamentales.
Sin embargo, fue en Aguascalientes donde se creó primero una oficina que algunos sectores catalogaron como OMBUDSMAN, la encabezó Miguel Sarré, nombrado por el Poder Ejecutivo local, de tal manera que su autonomía no dependía de un acto de la nación o de un Estado expresado a través del Legislativo, sino de la voluntad de los poderosos y ésta es voluble y caprichosa.
En Baja California fue diferente. El 31 de enero de 1991, el Congreso local aprobó un decreto de 40 artículos en el que se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana. Su importancia se debe a que el Poder Legislativo, al ejercer sus facultades, establece una institución con atribuciones claras y, sobre todo, con independencia del Ejecutivo local. En su artículo 18 establece: “El Procurador durará en su encargo tres años y no podrá ser removido sino por causa justificada a juicio del Congreso del Estado, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. En resumen, se trata del primer OMBUDSMAN MEXICANO.
La trascendencia del nombramiento de su primer Procurador: José Luis Pérez Canchola, un mexicano que independientemente de lo político y lo social, mantuvo siempre una lucha a veces solitaria contra las injusticias, le valió el voto unánime de todos los partidos políticos.
Con estos antecedentes, el miércoles 6 de junio de 1990, en solemne ceremonia que se llevó a cabo en el patio de Honor de Palacio Nacional, con la asistencia del Gabinete Presidencial en Pleno, Senadores, Diputados, miembros del Cuerpo Diplomático, Gobernadores y Procuradores de Justicia de todos los Estados, el Presidente Carlos Salinas de Gortari instaló formalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo objetivo es prevenir, evitar y castigar la violación de esos derechos en el territorio mexicano. La jurisdicción de sus facultades incluye el Poder Público del Estado Mexicano. De esta manera, el organismo gubernamental, al vigilar actuaciones de quienes integran dependencia de este carácter, se convierte en juez y parte. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo señaló que: “el nuevo organismo enfrentará las amenazas a los derechos humanos, provengan de donde provengan”.
Desde su inicio, otras organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”; Amnistía Internacional; Departamento de Estado Norteamericano y la Organización de Estados Americanos (OEA), informaron que eran los militares, granaderos, policías estatales, agentes judiciales y policía antimotines, los responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos. Además de que esos cuerpos policíacos pertenecían al Poder del Estado.
Fue el doctor Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM y ex ministro de la SCJN, a quien se nombró como el primer Presidente de la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al iniciar su cargo, Carpizo dio a conocer tres importantes compromisos:
1.- De carácter preventivo. Implicaba una mayor difusión de lo que son los derechos humanos y en qué consistía su protección. Para lograrlo se crearían programas en los medios de comunicación, se impulsarían publicaciones y se fomentaría la discusión de alto nivel a través de eventos académicos.
2.-. Representar al Gobierno Federal ante Organismos Nacionales e Internacionales sobre derechos humanos, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buscaba una participación más activa de México y su Gobierno, en los foros de discusión y decisión sobre esta materia.
3.- Ninguna violación de los derechos humanos quedaría impune en el Estado mexicano.
Ahora, en pleno siglo XXI, los objetivos de la CNDH parecen perdidos y la violación sistemática de los Derechos Humanos se ha incrementado.
