No se puede hablar de combate a la corrupción si no hay castigos y sanciones justas para quien hace mal uso del dinero público. Desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se contextualiza la gran preocupación que plantea la corrupción al socavar las instituciones, de ahí la adopción, entre otros muchos esfuerzos, de una serie de medidas legislativas para tipificar los delitos relacionados con el tema, así como las responsabilidades administrativas.
Ahora bien, para atacar de manera frontal la práctica de servidores públicos deshonestos es trascendental emitir sanciones justas y ejemplares en el marco de la ley, por la trascendencia que tiene sin lugar a duda, el desarticular redes de corrupción; por ello, las sanciones administrativas y penales deben ser tipificadas con alcances muy precisos, para que nadie evada las responsabilidades que les fueron conferidas al asumir el cargo.
En la Secretaría de la Función Pública de esta nueva Gobernanza, encabezada por el C. Gobernador, Lic. David Monreal Ávila, se han iniciado 1023 carpetas de investigación por la probable responsabilidad de faltas administrativas, y en pocos meses, ya son 62 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), así como 37 sentencias; además de la presentación de denuncias penales por la supuesta comisión de delitos, en los que se involucra algún acto de corrupción.
Sin embargo, la prevención y detección también son parte toral en el combate a la corrupción, tomando en cuenta que se debe priorizar la integridad como un conjunto de valores que tienen que regir el comportamiento de los servidores públicos, para lo cual es importante el fortalecimiento de controles internos.
Desde la dependencia que encabezo, trabajamos apegados siempre al principio de legalidad, en todos aquellos temas que son competencia de la Institución, sin exceptuar por ende, el tema de la prevención e imposición de sanciones, con lo que se busca que toda sanción sea inhibitoria de posibles actos de incumplimiento, buscando siempre con ello, dejar legado para disminuir la impunidad y corrupción, sin perder de vista que es un fenómeno complejo y multifactorial, así como que en la lucha contra este flagelo, intervienen varias instancias y dependencias encargadas de sancionar las faltas de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, según sea su competencia y lo que la norma jurídica aplicable refiera.
De ahí que en el Poder Ejecutivo local, a través de la Secretaría de la Función Pública se sancionan las faltas no graves de los servidores públicos bajo su jurisdicción; por su parte, el Poder Legislativo, de donde surgen las leyes, fiscaliza también a través de la Auditoría Superior del Estado a todos aquellos entes que se encuentran bajo su competencia; mientras que al Tribunal de Justicia Administrativa, Organismo Autónomo, le corresponde emitir sentencias respecto de faltas calificadas como graves; en relación a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Estatal Anticorrupción tiene como principal función la investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción, los cuales, de existir elementos suficientes, serán remitidos al Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia para la probable aplicación de sanciones de tipo penal.
Finalmente, no habrá que dejar de lado que aunado a todo lo anterior, se han incorporado a esta lucha frontal contra la corrupción, dentro del esquema del Sistema Anticorrupción, tanto estatal como nacional a la sociedad civil, mediante el Comité de Participación Ciudadana, así como a la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.
Por todo lo anterior es que se afirma, que todas las Instituciones dentro de las atribuciones que la ley nos otorga, estamos llamadas a asumir las responsabilidades que tenemos en contra del flagelo de la corrupción, convirtiéndose en un enorme compromiso con la sociedad zacatecana que nos demanda certeza jurídica y confianza, por lo que la Secretaría de la Función Pública seguirá siempre otorgando todo lo necesario para fortalecer el Estado de derecho así como el combate a la corrupción sin tregua ni descanso, con la ayuda de los mecanismos legales con que cuenta, ya sea de manera preventiva o bien correctiva a efecto de buscar inhibir este mal que durante tanto tiempo se ha tenido.
¡El compromiso está hecho y nos ponemos al escrutinio social!
*Secretaria de la Función Pública
