■ Proponen legisladores prescribir acciones y archivarlas, sin que hayan regresado los desfalcos
■ Según expedientes, hubo desvíos de recursos, nepotismo, mal uso de fondos y otros: Rodríguez
En la impunidad quedarían decenas de ex presidentes, ex síndicos, ex regidores y ex funcionarios municipales a quienes se les emitieron sanciones desde hace algunos años por irregularidades encontradas en sus cuentas públicas, pero que por la demora en el proceso del fincamiento de responsabilidades, ayer se propuso prescribirlas y enviarlas al archivo de manera definitiva sin que hayan regresado los desvíos que hicieron en administraciones de 2005 a 2009.
En sesión legislativa, la Comisión Jurisdiccional leyó el dictamen que sería aprobado la próxima semana donde se dan por cerrados los casos, con lo cual los ex funcionarios quedan en la arbitrariedad pese a haber cometido desvío de recursos, nepotismo, mal uso de los Fondos federales 3 y 4, compra de insumos o activos no necesarios, entre otros que informó la presidenta de dicha comisión, Susana Rodríguez Márquez.
El argumento de los legisladores es que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2011 por carecer de una firma, por ende las sanciones que se puedan emitir serían sujetas a ser impugnadas.
Si bien la pasada Legislatura avaló una nueva Ley de Responsabilidades, el Ejecutivo la vetó y por ende sigue vigente la declarada inconstitucional por los ministros de la Corte. Al respecto la secretaria de la Comisión Jurisdiccional, María Guadalupe Medina Padilla, reconoció que urge presentar una nueva propuesta para que el trabajo de fiscalización que se realiza en la Legislatura y la Auditoría Superior del Estado (ASE) no quede en el aire y lo más importante, los servidores públicos que cometen desvíos o incurren en irregularidades regresen el dinero y sean sancionados conforme debe ser.
Aunque no se detalló el monto al que ascienden los desfalcos cometidos por los ex funcionarios ya librados, los expedientes de los que se habló ayer fueron 25 con varias personas incluidas en cada uno de ellos.
En la lista están los ex alcaldes, Isidro Loera, del Plateado de Joaquín Amaro; Francisco Figueroa, de Jalpa; Luis Gerardo Mares, también de El Plateado; Plutarco Zavala, de El Salvador; Otoniel Chávez, de Genaro Codina; Mauro Montoya, de Melchor Ocampo; Antonio de la Torre, del municipio de Villanueva; Jorge Almanza, de Trancoso, Serafín Bermúdez, de Jerez; Marco Regis, de Cañitas de Felipe Pescador, por mencionar algunos, e incluso sin aludir a los ex síndicos, regidores y directores.
María Guadalupe Medina dijo que quizás faltó voluntad política en la 60 Legislatura para sacar adelante los rezagos, “quien presidía la comisión no hizo con responsabilidad su trabajo” (la líder del PT, Geovanna Bañuelos). Comentó que había cientos de expedientes sin atender y en esta administración los han sacado adelante.
Sin embargo, el tema de las sanciones tanto en los municipios con en el gobierno del estado son de papel “son letra muerta, en la Comisión Jurisdiccional nos reunimos, sesionamos y hasta ahí”. Insistió en que ya se trabaja en una nueva Ley de Responsabilidades, pero aún no hay fecha.
Piden diputados aplicar la ley en caso Ayotzinapa
Por otro lado, en la sesión de ayer, la 61 Legislatura por unanimidad emitió un exhorto público a los órdenes de gobierno para que cese la violencia en contra de los estudiantes normalistas de Guerrero, además se investiguen los hechos de su desaparición forzada y se garanticen los derechos de debido proceso para que se aplique la sanción a los culpables.
Además se pronunciaron por privilegiar la defensa de la educación pública, dar valor y proteger al normalismo rural para que los estudiantes sigan sirviendo al país ya que sus escuelas juegan un rol fundamental en el Estado mexicano.
Los diputados plasmaron en el documento su solidaridad con los familiares, padres y amigos de los 43 desparecidos y “hacen votos para que se localicen”.
Por otro lado, aprobaron cuentas públicas y se presentó una propuesta de ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas.
