La 65 Legislatura de Zacatecas recibió ayer dentro de su correspondencia una solicitud formal de desafuero contra el alcalde Rogelio González Álvarez por parte del Órgano Interno de Control del ayuntamiento de Villanueva, además del expediente de investigación basado en una denuncia presentada por regidores, con el mismo fin.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEZ) ordenó el cumplimiento de una sentencia derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa grave en el que incurrieron varios regidores de la administración 2021-2024, en el Ayuntamiento de Trancoso.
Desde el Ayuntamiento de Huanusco se presentó la solicitud y expediente técnico para desincorporar tres bienes inmuebles para cubrir cuotas obrero-patronales con el IMSS y otros adeudos.
María Belem Alamillo Guerrero, excandidata a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, acusando de omisión a la Legislatura por la falta de designación de la magistratura vacante en ese órgano.
La diputada Ana María Romo Fonseca (MC) presentó las dos iniciativas listadas para esta sesión. La primera propone obligar a la Secretaría de Educación a capacitar a todo el personal docente en protocolos de regulación sensorial y manejo de conductas para alumnos con autismo (TEA) y TDAH; mientras que la segunda reformaría la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad para crear permisos temporales (de circulación sin placas y de estacionamiento en espacios para discapacidad) dirigidos a personas con movilidad reducida por causas no permanentes como embarazo, tratamientos oncológicos o enfermedades como Parkinson y esclerosis múltiple.
Durante el apartado de asuntos generales, la diputada Ma. Teresa López García (PAN) dio lectura a un posicionamiento de Carlos Ernesto Alvarado Márquez, delegado del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien pidió que se defienda la inamovilidad de los trabajadores del PJF, ante la terminación del nombramiento de la trabajadora social María Elena Trejo Medina, del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Zacatecas.
A continuación, la panista abordó el caso de la niña Areli, víctima de agresión física y sexual de extrema gravedad en el municipio de Tabasco, aludiendo a una crisis de desintegración familiar, ausencia parental, ambientes digitales sin supervisión y erosión de la autoridad moral.
Tras mencionar líneas de acción como promover una educación basada en valores, fortalecer la corresponsabilidad parental y diseñar políticas públicas de prevención, López García concluyó que es necesario “abrir una revisión legislativa de alcance nacional para subsanar los vacíos de justicia que [la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes] genera ante crímenes de extrema gravedad”.
A nombre de la bancada del Partido Acción Nacional, López García manifestó una “profunda preocupación e inquietud técnica” frente a la imposibilidad de procesar a un menor bajo los criterios de un adulto “sin importar la atrocidad, la brutalidad del hecho cometido”.
En respuesta, la diputada Renata Ávila Valadez (PT) subrayó que hace falta mucho trabajo en el tema de prevención y cuestionó que la solución de fondo sea el encarcelamiento de menores de edad. Ávila Valadez expresó preocupación por la exposición de la identidad del adolescente señalado como responsable: “lo estamos entregando […] a las manos del crimen organizado”, advirtió la petista.
