Organizaciones defensoras de los derechos humanos y agrupaciones de trabajadores migrantes en Estados Unidos exigieron la liberación del mexicano Víctor Salgado Araujo, testigo directo de la muerte de su hermano Lorenzo, abatido por agentes en Texas, Estados Unidos, quien permanece detenido en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
También demandaron que sean liberados los otros dos hombres que los acompañaban durante el operativo del pasado 7 de julio y que igualmente se encuentran recluidos en el centro de detención migratoria Conroe.
Señalaron que es necesario frenar sus procesos de deportación para que participen de manera segura en cualquier investigación sobre la muerte de Lorenzo, y exigieron a la administración del presidente Donald Trump protección para todos los testigos “contra la intimidación y la coacción”.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, destacó que, cuando tres personas, en diferentes estados, mueren en un lapso de 11 días a manos de la misma agencia, “no se trata de una serie de coincidencias, sino de un patrón. Es lo que sucede cuando se envía a agentes federales armados a los vecindarios sin cámaras corporales, sin transparencia y sin rendir cuentas a las comunidades que aterrorizan”.
En una declaración dada a conocer en Los Ángeles, California, subrayó que las personas que han fallecido a manos de ICE son hermanos, hijos o padres, y “no aceptaremos que los maten en nuestras calles ni que mueran en prisión”.
A su vez, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem), resaltó que hay temor entre las comunidades de migrantes en Estados Unidos: “las familias temen ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, buscar atención médica o denunciar delitos”.
Deploró la idea de que el estatus migratorio de una persona determine el valor de su vida. Los derechos humanos, aseguró, no dependen de una visa, una tarjeta de residencia o la ciudadanía.
Por otra parte, Amnistía Internacional México saludó la formalización de las denuncias penales por la muerte de migrantes mexicanos en centros de detención y durante operativos a cargo del ICE, interpuestas por el gobierno mexicano ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de ese país.
