Hay cifras que no merecen convertirse en rutina. Al menos quince connacionales mexicanos han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio del actual ciclo político en Estados Unidos. Estas no son simples estadísticas: revelan las consecuencias más duras de una política migratoria más estricta, que ha expuesto a muchos mexicanos a un entorno de mayor sospecha, criminalización y menor protección institucional.
En este panorama, resulta esencial recordarlo con franqueza: México no se explica sin el esfuerzo de quienes, desde el otro lado de la frontera, sostienen a sus familias y a regiones completas del país con su trabajo diario. Ante el endurecimiento del discurso y las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump, los migrantes mexicanos han demostrado una notable capacidad de resistencia, junto con una disciplina laboral y un fuerte sentido de solidaridad comunitaria.
Zacatecas ilustra claramente esta realidad. Las remesas no representan un ingreso secundario, sino un pilar fundamental de la economía estatal. En 2025, el estado recibió cerca de 1,926 millones de dólares por este concepto. Municipios enteros dependen de estos flujos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y, en muchos casos, mejoras en infraestructura local. En innumerables hogares, el dinero que llega desde Estados Unidos compensa la falta de oportunidades estables en el mercado laboral regional, ofreciendo un mínimo de seguridad y dignidad que de otro modo escasearía.
Más allá de los números, existe una dimensión humana profunda. Los envíos constantes de dinero no responden únicamente a una obligación económica, sino a lazos afectivos y culturales que perduran en el tiempo. El migrante mexicano suele mantener una conexión viva con su lugar de origen: no lo abandona, sino que lo prolonga a través de una doble pertenencia. El arraigo se transforma, pero no se extingue.
Por eso, incluso después de muchos años lejos, se sigue enviando apoyo económico, se construye o se mantiene una casa “para el regreso” y se habla con cariño de “mi pueblo”. No se trata de una nostalgia inactiva, sino de una participación activa y continua en la vida de la comunidad de origen.
Ante las muertes registradas en centros de detención, que ponen de manifiesto deficiencias estructurales y posibles negligencias, México tiene una responsabilidad moral y política clara hacia sus migrantes: reconocerlos no solo como generadores de divisas, sino como personas titulares de derechos plenos. Mientras enfrentan un clima de hostilidad en el norte, aquí contribuyen de manera silenciosa pero decisiva al sostenimiento de la economía local.
Ampliar sus derechos en este lado de la frontera, proteger su dignidad, exigir condiciones seguras en cualquier detención y fortalecer los mecanismos de apoyo consular no son gestos opcionales: son una deuda pendiente con quienes, día con día, ayudan a mantener vivo el pulso de muchas comunidades zacatecanas.
