Un acto de violencia extrema en contra de una niña de 10 años, presuntamente perpetrado por un menor de 13 años, ha generado un debate en torno a los límites y alcances del sistema de justicia penal para adolescentes en México, con una marcada percepción de impunidad ante la inimputabilidad de menores de edad, aún en casos de delitos graves.
Al respecto, especialistas en el tema han señalado que la medida se basa en la noción de que el internamiento punitivo en edades tempranas incrementa la reincidencia en vez de reducirla. Un documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que no existen evidencias de que la privación de libertad de larga duración reduzca la reincidencia delictiva.
Dos meta-análisis citados en este documento señalan que los programas de control y vigilancia, sin intervención en los entornos de los menores, aumentaron la reincidencia hasta 7 por ciento, según Andrews y colaboradores (1990), y 3 por ciento, según Lipsey y Wilson (2001). En España, un estudio con 95 adolescentes que pasaron por internamiento encontró que el 32.6 por ciento reincidió en solo un año.
En ese contexto, y en respuesta a la indignación social generada por el caso referido en el municipio de Tabasco, el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Moctezuma, propuso en redes sociales que el interés superior de la infancia también debe entenderse como «la obligación del Estado de investigar y desarticular el contexto familiar y social que pudo haber generado o facilitado» conductas delictivas.
«Ese enfoque evitará un problema constitucional importante: no presume que los padres son culpables por el delito del hijo, sino que obliga al Estado a investigar si existe una red de responsabilidades alrededor del menor», escribió el investigador.
Consultada sobre esta propuesta, la abogada Sofía Aguiar, coordinadora de Proyectos de Justicia de Lab-Co, consideró que tiene la virtud de partir del principio de interés superior del menor de los Niños, Niñas y Adolescentes involucrados, de forma amplia.
Al cuestionarle sobre las capacidades institucionales y el riesgo de que un cambio en la ley como el que propone Moctezuma vuelva a quedarse en el papel frente a instituciones sobrecargadas, la especialista consideró que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) ya establece que la reinserción social debe ser un proceso integral.
Explicó que la reintegración se debe llevar a cabo, por ley,mediante «diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad». La regulación penal, dijo, «ya es bastante extensa en materia de adolescentes que cometen delitos».
Sin embargo, las capacidades institucionales para garantizar no solo la protección del menor que entra al sistema de justicia penal, sino también a las víctimas de los delitos y a la sociedad en su conjunto, aún representan un reto pendiente, concluyó la especialista.
