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viernes, 29 marzo, 2024
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■ Carlos Peña Badillo pide justicia y respeto a la libertad de expresión

El periodista Gabriel Contreras, vinculado a proceso por presunto fraude al Gobierno estatal

■ Se inició un plazo de 4 meses para que reúna pruebas y testimonios que le permitan desvirtuar la acusación de la SFP que lo señala de “aviador” entre junio del 2018 y diciembre de 2019

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El periodista Gabriel Contreras Velázquez fue vinculado a proceso por presunto fraude al Gobierno del Estado y se inició un plazo de cuatro meses para que reúna pruebas y testimonios que le permitan desvirtuar la acusación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que lo señala de “aviador” entre junio del 2018 y diciembre de 2019. 

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Sobre la acusación, el imputado expuso que “la carpeta de investigación que yo conocí tiene en la portada dos presuntos hechos delictivos: tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. Ya en el delito imputado el pasado viernes en una audiencia inicial, ante un juez de control, se habla de fraude, pero en ambos casos se intenta sustentar la idea de que yo realicé un fraude al gobierno estatal cuando fui asesor de la Coordinación Jurídica en los únicos contratos que he tenido con el Gobierno del Estado que fue de junio del 2018 a diciembre de 2019”.

Al respecto, explicó que esos contratos fueron de honorarios y estos no regulan una relación laboral de subordinación, sino que es una relación laboral autónoma y voluntaria, donde la obligación que tenía como profesionista era brindar el servicio.

Comentó que la parte demandante reclama que no estuvo laborando en las oficinas, pero en un contrato de honorarios el prestador de servicios no está obligado a trabajar en un lugar específico, ya que esta forma de contratación no tiene las mismas características que las de un funcionario o servidor público.

Respecto al señalamiento de que no hay evidencia de su trabajo, Contreras Velázquez explicó que la asesoría la realizaba de muchas formas y presentó informes de actividades cada semestre según lo establece la reglamentación.

“Ellos no encuentran ese informe y dicen que no existe. Yo me reportaba a la persona contratante, los coordinadores jurídicos Jehú Salas Dávila y Federico Soto Acosta, y con ellos la relación laboral era directa y existen documentales donde se ofrecen cargas laborales y resultados de ellas. Si ellos no la encontraron en sus archivos, eso no es responsabilidad de la persona contratada”.

Por tanto, afirmó que es una carpeta de investigación forzada para tratar de generar la idea de que su labor en el gobierno del estado era de aviador y que eso consuma un presunto fraude porque recibía recursos sin laborar, “lo cual es absolutamente falso”.

Desde su perspectiva, se trata de una forma de acoso judicial y presión política por su labor periodística, pues hace tiempo fue denunciado por presunta violencia política de género que no se acreditó en contra de la entonces síndica Ruth Calderón, y posteriormente Enrique Bernaldez Rayas lo denunció por presunta extorsión sin tener algún elemento y Verónica Díaz lo hizo por violencia política.

Contreras Velázquez consideró que este acoso se debe a que “hace unas semanas publiqué un reportaje de una denuncia al interior de la Función Pública, contra el subsecretario de Responsabilidades Administrativas, Ángel Manuel Muñoz Muro, quien se ostenta en este juicio como representante legal del Gobierno del Estado. Yo publiqué que existen denuncias por presunto nepotismo y conflicto de interés, es una denuncia anónima que llegó al sistema de denuncias de la Función Pública, en contra de esta persona porque su cónyuge estaba en Seduvot como auxiliar administrativa y ahora fue transferida como directora a la Escuela de Restauración y Conservación de Arte de Zacatecas sin cumplir con los requisitos que establece el decreto de esta escuela”.

Otro de los temas que planteó en el reportaje, detalló, es que si la Secretaría de la Función Pública realizara una auditoría a la Escuela de Restauración, habría un conflicto de interés porque el funcionario tendría que investigar a la esposa.

En consecuencia “lo que yo he estado dando a conocer a la opinión pública ha generado violencia en gobierno del estado, específicamente en la Función Pública y con este funcionario que tiene la comunicación directa con la Fiscalía y ha estado presionando para que se acelere la judicialización”, dijo.

Ante esta situación, personalidades de la clase política pronunciaron su apoyo a Contreras Velázquez, entre ellos Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, quien afirma que en este instituto político defienden a las instituciones y la libertad de expresión, apuestan a la impartición de justicia certera, objetiva y sin sesgo, manifiestan su respeto al Poder Judicial. 

Jesús Ortega Martínez, ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien afirmó que el gobierno de David Monreal violenta el derecho a la libertad de prensa.

“El gobernador y Verónica Díaz Robles se han encargado de iniciar un proceso persecutorio para acallar voces libres e independientes. Nos solidarizamos con todos los periodistas y particularmente con Gabriel Contreras”, expresó.

Por su parte, el diputado federal del PRD, Miguel Torres, también manifestó su solidaridad con Gabriel Contreras, pues es víctima de persecución de las autoridades sólo por hacer su trabajo periodístico. En ese sentido, exigió al Gobierno estatal que garantice la libertad de prensa.

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