El grupo parlamentario de Partido del Trabajo (PT) presentó en la sesión de la Comisión Permanente de la 64 Legislatura, un Punto de Acuerdo para exhortar a la secretaria de Educación del estado a que realice un convenio de colaboración con la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Zacatecas a efecto de que se autorice por las madres, padres de familia y tutores de los estudiantes de educación básica pública y privada, para que se realicen los procedimientos de revisión de mochilas en los centros educativos.
Esto, a decir de la diputada Ana Luisa del Muro García, debido a que en el contexto de regreso a clases ha habido diversos “hechos lamentables de inseguridad” tanto al exterior como al interior de las escuelas públicas y privadas, muchos de ellos, resultado de prácticas propiciadas por la influencia de factores sociales como las redes sociales en las que se hace presente la apología del delito o programas televisivos y hasta grupos musicales en los cuales se idealizan estos hechos como algo normal y hasta de reconocimiento social.
Estas situaciones, según la petista, han obligado a que en diversas instituciones educativas se cancelen clases presenciales o haya abandono de actividades tanto de estudiantes como de docentes, ya que la percepción de inseguridad que tienen al acudir a la escuela es muy alta lo cual influye a generar un ausentismo en las escuelas.
Es por ello que, dijo, que desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo coinciden en la implementación de un procedimiento mediante el cual las autoridades educativas revisen las pertenencias de estudiantes de educación básica, siempre y cuando el mismo sea lo más cuidadoso posible, respetando los parámetros legales.
“No pasa desapercibido para quienes proponemos, el hecho de que, al operar este procedimiento sin reglas claras y formales y sin sustento legal y consensuado, en donde esté al libre arbitrio de las autoridades educativas, pudiera resultar en un acto de molestia que pudiera ser considerado inconstitucional y violatorio de derechos humanos. Sin embargo, debemos atender a lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde especifica de manera clara que, en casos justificados y bajo sospecha razonable o en casos excepcionales, cuando sea evidente la posible comisión de un delito es factible su aplicación”, argumentó.
Por lo cual señaló que, la actuación de directivos y docentes de escuelas e instituciones educativas en estas tareas de prevención, orientadas a proteger la seguridad de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, queda sujeta a una acción consensuada y autorizada por parte de los padres, madres o tutores de los menores, ya que la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en el centro escolar constituye una base fundamental para ejercer su derecho a la educación, salvaguardando su integridad física y personal también.
Por lo cual resulta legal que, las comunidades escolares que así lo decidan, pueden llevar a cabo programas de seguridad escolar de en el marco de un diseño consensual y no obligatorio, para la revisión de las pertenencias de los educandos, concluyó. El Punto de Acuerdo fue considerado como de urgente resolución y fue aprobado por unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión Permanente.
