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domingo, 19 mayo, 2024
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Ministros del TJLBZ, coludidos en presuntos hechos de corrupción

■ Señalan que mediante “la mafia de los laudos” han inflado de manera exponencial el pago en litigios en perjuicio de los municipios

■ La revisión de estos casos ya fue solicitada a la Auditoría Superior del Estado (ASE)

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Abogados y ministros del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática de Zacatecas (TJLBZ) podrían estar coludidos en “La mafia de los laudos”, a través de la cual han inflado de manera exponencial el pago en litigios individuales en perjuicio de los municipios y de varias dependencias gubernamentales; la revisión de estos casos ya fue solicitada a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

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De acuerdo con información de la Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado, se identificó a tres magistrados de ese tribunal que podrían estar implicados en acuerdos para emitir laudos a favor de varios quejosos, pero con cantidades de dinero exageradas.

Ricardo Hernández León, titular de la Coordinación Jurídica, informó que algunos municipios, dependencias gubernamentales y universidades politécnicas han recibido laudos y resoluciones de juicios laborales con montos de dinero demasiado altos. 

“Es natural que un trabajador se defienda, se ampare y acuda ante la instancia jurisdiccional correspondiente, pero el detalle es que el monto que se establece para pagos se ha incrementado considerablemente sin ninguna justificación clara”, dijo.

Por ejemplo, mencionó litigios donde correspondían 200 o 250 mil pesos y en los laudos se establece una cantidad superior a los 800 mil pesos, mientras que en otros casos se dictaminó el pago de casi 8 millones de pesos para un solo trabajador.

Precisó que en el TJLBZ hay magistrados imparciales y objetivos para resolverlos litigios de los trabajadores de manera justa, pero se encontraron casos donde, de manera irregular, casos concretos se turnan a magistrados determinados “que tienen la proclividad para resolver en un sentido similar a los demás”.

Asimismo, Hernández León comentó que algunos despachos de abogados y abogados se mofan y presumen que tienen bajo control ese tipo de laudos, motivo por el que se solicitó la intervención de la ASE para revisar los resolutivos emitidos por el tribunal mencionado.

Al respecto, dijo que la Coordinación Jurídica no va a interferir en la auditoría, pero la intención es verificar que los laudos estén apegados a derecho, porque se han identificado varios en que los montos son exagerados.

“Queremos que la Auditoría, en uso de sus facultades y atribuciones, revise los laudos ejecutados desde el 2017 hasta la fecha, puesto que tenemos indicios de que hay laudos que no corresponden”, expresó.

Mencionó el caso del municipio de Trancoso, donde varios laudos cuantifican más de 9 millones de pesos, lo que ha provocado que varios municipios señalan que “es una mafia del Tribunal Laboral con despachos y abogados para efecto de tener el beneficio en la recepción de los pagos”.

Hernández León también refirió el caso de un litigio en Fresnillo, donde el tribunal emitió un laudo a favor del quejoso por más de 4 millones de pesos, y de otro trabajador en cuya resolución se dictaminó un pago de 7 millones 600 mil pesos.

En ese sentido, señaló la necesidad de revisar por dependencias y por municipios para revisar los laudos que se han emitido, ya que hay algunos casos en donde se ha afectado las finanzas.

Ante esa situación, informó que la ASE va a iniciar el proceso de revisión con todos los laudos que están en proceso de ejecución desde el 2021 y la intención es llegar hasta las últimas consecuencias “y si se tiene que llegar a la cuestión judicial de ir a la Fiscalía, hasta allá se llegará”.

Puntualizó que el problema no es con los trabajadores, puesto que ellos tienen el derecho a ampararse, sino contra los magistrados y despachos de abogados que no justifican los montos que establecen en sus laudos.

Hernández León refirió que, en caso de demostrarse esa actuación de los magistrados, se harían acreedores a responsabilidades administrativas porque han determinado montos sin justificación y tendrían que resarcir el daño al erario de los municipios o de Gobierno del Estado.

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