La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido 72 sentencias, resultado de 48 inhabilitaciones de servidores públicos, así como 23 suspensiones y 18 multas a proveedores y contratistas, mismas que ascienden a la cantidad de 13 millones 72 mil 587 pesos, informó la titular de la dependencia, Humbelina López Loera, durante su comparecencia ante el Poder Legislativo con motivo del Segundo Informe de labores del mandatario David Monreal Ávila.
Ante los legisladores, aseguró que en el gobierno de Monreal no se consienten acciones de deshonestidad ni corrupción, por lo que se realizan acciones frontales para prevenirlas o, en su caso, sancionarlas. En ese sentido, destacó que, para el periodo que se informa, la SFP ha realizado 115 auditorías y evaluaciones financieras a 65 ejecutores del gasto y resultado de ello emanan las sanciones referidas.
Asimismo, afirmó que el Gobierno del Estado ocupa el tercer lugar nacional en ausencia de corrupción en los poderes ejecutivos de México, ello de acuerdo con el World Justices Project.
También destacó que Zacatecas está posicionado como la sexta entidad con menos montos observados en la República, según el informe de resultados presentado por la Auditoría Superior de la Federación y, con la finalidad de que cada procedimiento al interior del Ejecutivo se realice con apego a la norma, la SFP ha realizado un total de 115 auditorías y evaluaciones financieras y de cumplimiento a instancias de la administración estatal, así como seis evaluaciones financieras y de cumplimiento a organismos públicos descentralizados del sector educativo.
De acuerdo con el World Justice Proyect, López Loera reiteró que desde el inició de la presente administración, el Poder Ejecutivo ha obtenido los mejores resultados en ausencia de corrupción, situando a Zacatecas en el tercer lugar a nivel nacional, sólo por debajo de Guanajuato y Querétaro, hecho trascendental para la prosperidad y desarrollo de nuestro estado.
Además, expuso que la SFP ha realizado más de 2 mil 100 acciones enfocadas a la supervisión física, documental y medios remotos, así como el registro de obras y acciones en plataforma y portal Obra para el Bienestar y Progreso.
Refirió también que la rendición de cuentas en Zacatecas es una obligación institucional, razón por la que se presentaron 92 mil 251 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, en sus modalidades de inicio, modificación y de conclusión, en los dos años de esta gestión, publicitándose por primera vez en su totalidad en la plataforma nacional de transparencia.
Según López Loera, “la transparencia es un pilar fundamental para que la ciudadanía sea cercana al gobierno y viceversa; por tal motivo, el Poder Ejecutivo ha realizado más de 45 millones de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Entre los diputados que cuestionaron la presentación de la funcionaria estuvo José Juan Mendoza Maldonado, quien mencionó la entrega de plazas homologadas en instituciones formadoras de docentes de manera irregular en la administración anterior, tema que no se ha sancionado hasta el momento.
Aunque la funcionaria afirmó que ese tema ya estaba en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero el legislador le exigió que dijera el tipo de sanciones que recomendó la secretará en este tema y cuántas irregularidades encontró en las plazas del sistema educativo, “porque noto que la retórica viene bien elaborada y le macheteó”.
También se refirió a la concesión parcial para la prestación del servicio público de recolección, traslado y tratamiento de residuos sólidos en el municipio de Guadalupe cuyo decreto fue modificado ilegalmente por “estos vividorcillos” encabezados por el entonces presidente municipal Julio César Chávez.
Detalló que el Congreso nunca aprobó que el municipio entregara 700 millones de pesos y un terreno a la empresa involucrada, por lo que debería ser causa de revocación en la Legislatura.
Por último, Mendoza Maldonado señaló que en la Secretaría de Educación se han contratado 500 personas que ocupan ´lazas estatales de manera discrecional, tema en el que exigió que la Función Pública esclarezca esa situación.
López Loera respondió que en el tema educativo la Secretaría de la Función Pública realizará las indagatorias correspondientes, mientras que en el asunto de la recolección de basura en Guadalupe expuso que este es un asunto que le compete al Sistema Anticorrupción, ya que la SFP solo le corresponden las denuncias vinculadas al poder Ejecutivo.
En lo que respecta a las plazas homologadas asignadas irregularmente, indicó que, en efecto, son faltas graves que ameritan una reparación del daño y por tal motivo se han acumulado carpetas de investigación que siguen el trámite correspondiente.
