Un grupo de investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde laboro desde hace más de 25 años, me invitaron a firmar una carta pública de desacuerdo con la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Son parte de un grupo mayor de académicos que lamentan su aprobación. Respeto a estos apreciados compañeros pumas y comparto con ellos dos valores: el necesario avance del conocimiento y la autonomía del proceso. Aun así, difiero de ellos en los cuatro puntos que desaprueban, y aquí les doy una respuesta. Su oposición se debe a:
1. La forma en que fue aprobada, incumpliendo el compromiso de realizar siete foros consultivos en la materia, llevándose a cabo solo dos.
Mi opinión: Hubo más de 100 foros legislativos previos y en los dos foros consultivos sólo se reciclaron los argumentos expuestos. De hecho, todo lo señalado por mis colegas ya fue discutido en esos foros. La mayoría de los legisladores, con la legitimidad que les da una elección realmente democrática, aprobaron la Ley después de considerar que el tema estaba suficientemente discutido. Tras ello, la carta es de facto una petición de último recurso a la corte de la magistrada Piña, quien no representa el sentir popular y juega un papel reaccionario. ¡Un triste papel para los universitarios!
2. La inclusión de representantes de las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que crea la nueva ley en sustitución del Conacyt, y la reducción en el mismo órgano de la representación de los académicos.
Mi opinión: La Ley fortalece las humanidades y la pluralidad de ciencias y tecnologías, refuerza el interés público y también la representación académica auténtica, a la par que deja en plena libertad al sector académico privado y público autónomo para desarrollarse según sus principios e intereses. Más a fondo, libera al Estado de su captura y elimina muchas fuentes de corrupción sistémica en las instituciones académicas (intenta separar el poder político del económico, como se separó el Estado de la Iglesia). Así, la Ley enmarca la política de Estado dedicada a proveer el derecho humano a la ciencia, avanzar la frontera del conocimiento y resolver los grandes problemas nacionales y, en el ámbito estricto que corresponde a esta política, no está mal que: a) se incluya a las fuerzas armadas para formular la agenda nacional, por su interés directo en el desarrollo científico y tecnológico en materia de seguridad nacional y pública, y porque hoy es posible una relación entre el sector militar y el académico que fortalezca el diálogo de saberes y la confianza mutua, y b) se democratice la decisión del sector académico, plural y diverso por naturaleza, frente al predominio de los sectores científicos ligados con el interés privado. La Ley establece, para quienes deban o decidan participar en el ámbito de competencia del Consejo Nacional, la obligación de reconocer, respetar y proteger el derecho humano a la ciencia y motivar el avance del conocimiento humanístico y científico al servicio de la humanidad y el pueblo de México.
3. La pérdida del objetivo de escalar el financiamiento a la investigación científica y humanística a un porcentaje concreto del producto interno bruto (PIB).
Mi opinión: El objetivo es demagogia. En realidad, el Estado no controla al PIB ni cuenta con los instrumentos para perseguirlo. El financiamiento a la investigación tiene un componente público y uno privado, y se espera que la contribución del segundo sea casi tres veces mayor que la del primero. En México la relación está invertida y corresponde al sector privado ponerse al día. A él debería ser enviada la demanda. En cuanto a la contribución pública, la Ley General establece que el Estado debe asignar recursos progresivos para lograr los tres objetivos mencionados. Incluye por primera vez mecanismos que impiden suspender el presupuesto para la investigación de frontera y obligan a becar a todos los estudiantes de posgrado de las entidades públicas. La Ley también establece que el gobierno federal fomentará la corresponsabilidad del sector académico privado y público autónomo en términos de la agenda nacional, pero respeta su libertad inherente o conquistada para decidir su participación. Si estos sectores toman las decisiones incorrectas, serán el mercado o la nación, según corresponda, quien juzgue y condene.
4. La posibilidad de exclusión, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de los académicos de universidades privadas que realizan investigación científica y humanística, ya que también contribuyen al avance del conocimiento.
Mi opinión: Contribuir al avance del conocimiento es necesario, pero no suficiente para recibir una beca del Estado. El SNI es ahora una entidad de un gobierno elegido por el pueblo, y es legítimo que sus incentivos se dirijan a fortalecer la nueva política de investigación-incidencia del Consejo Nacional. La pregunta es, si las entidades privadas están dispuestas a participar con recursos abundantes o, por el contrario, su intención es aprovechar las becas del Estado para reducir el salario que pagan a sus investigadores. Con excepciones importantes, lo segundo parece ser el caso, y no se dan señales claras de desear contribuir a lo primero.
Reitero mi total respeto a mis colegas y sus valores, pero sé que estos mismos valores han sido violentados en nuestra universidad desde hace décadas, sin demasiada resistencia. Dejando en nuestras garras pumas nuestro propio destino, el ahora (felizmente) Conahcyt hace todo lo que puede para construir instituciones plenamente comprometidas con el avance del conocimiento de frontera humanístico y científico y la solución de los grandes problemas nacionales, entre los que está la captura de las instituciones académicas públicas, que ha sido apoyada y aprovechada por una élite.
*Integrante del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM.
