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jueves, 28 marzo, 2024
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El Judicial, el Poder intocado

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

Aunque no lo suficiente, hace años que en el debate público se encuentran los gastos de los legisladores federales; sus excesos, sus altas dietas, y su turismo legislativo. 

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Para muestra, la plenaria de los diputados panistas, que costó un millón y medio de pesos, en 2014, en Puerto Vallarta. Esa que estuvo tan bien organizada y administrada, que hubo dinero suficiente para pagar mansiones de lujo y trabajadoras sexuales, una de las cuales saltó a la fama por el grito “échale Montana”, con el que su colega la animó para que sacara “los prohibidos” en la pista de baile con el líder de la bancada. 

En cuanto a lo local, hace siete años que los zacatecanos nos familiarizamos con el concepto de “herramientas legislativas”, que supimos que existían y que se repartían entre diputados para, en el mejor de los casos, permitirles jugarles al Santa Claus a costa del erario. Y eso pensando optimistamente, porque, en muchas de las veces, se usaba a los beneficiarios como prestanombres para comprobar la erogación de un recurso del cual la ciudadanía veía sólo el 10 por ciento. 

Eliminado el método, la siguiente Legislatura encontró la manera de hacerse de ese dinero, ahora facturando iniciativas, discursos, y hasta puntos de acuerdos, a pesar de contar con asesores pagados por el erario, y tener a mano un instituto de investigaciones jurídicas que podrían hacer esa labor. 

Falta únicamente el ámbito municipal. No ha llegado el tiempo de que la vigilancia ciudadana y periodística llegue a los cabildos en donde también se cuecen habas, pero llegará. 

Los gastos de los titulares de los Poderes Ejecutivos son examinados, cuando así conviene, con lupa. Ha perdido novedad, pero no interés, la nota que resume cuánto cuestan los relojes de los funcionarios, sus zapatos, corbatas, trajes, etcétera. Y ahora, visto está, esa vigilancia llega hasta a los familiares. 

Tocan ahora esos cuestionamientos a los integrantes del Poder Judicial. Apenas la semana pasada pudimos saber que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen un salario casi del doble del presidente de la República, y aguinaldos de más de medio millón de pesos. 

Entre sus privilegios están también: un fondo anual de 723 mil pesos para restaurantes de lujo; presupuesto de cinco millones de pesos mensuales para contratar personal (además del que trabaja en la Corte); vehículos blindados que se renuevan cada dos años; “apoyos” para gasolina por 22 mil pesos mensuales; peajes de carreteras ilimitados; atención especial en aeropuertos; viáticos; tres equipos de cómputo; seis teléfonos celulares de alta gama que se renuevan cada año; tres iPad con internet ilimitado, etcétera. 

A pesar de esos sueldos, y sin entender en qué pueden gastar los trescientos mil pesos mensuales, teniendo tanta cosa cubierta, los ministros reciben 180 mil pesos anuales para medicamentos e incluso un “apoyo” para lentes, por aquello de que con todo lo anterior no alcanzaran. 

El momento político que da contexto a esta información seguramente hará que algún sector le reste importancia a la misma, pero éste no es razón para subestimar que es quizá el Poder Judicial, el mayor subterfugio de una cultura de privilegios a costa de dinero público, que poco a poco empieza a cuestionarse. 

El discurso que consideraba legítimos estos pagos, por ser producto de un trabajo extenuante y de alta responsabilidad, tiene cada vez menos adeptos, en parte porque tampoco existe credibilidad social en la manera en la que se llega a estos puestos. 

Aquella otra narrativa que asumía que remuneraciones tan altas eliminaban el peligro de corrupción, porque cualquier necesidad, por mínima que fuera, estaba resuelta con salarios y prestaciones, tampoco tiene cabida ya porque es claro que la cultura capitalista hace ansiar más dinero incluso a aquellos a quienes les costaría generaciones enteras terminarse el que ya tienen. 

Esto, a mediano (ojalá), o largo plazo, podría generar el ambiente necesario e imprescindible para que la cultura de austeridad permita los cambios legales necesarios para que se modere el lujo y dispendio en el Poder que hasta ahora permanece intocado, el Judicial. 

Quedará pendiente ahí, como en tantos lados, llegar al siguiente paso: al que se preocupa por el dinero que está por debajo de la mesa y fuera de la ley. A ese que ha convertido en grito de batalla de lo peor de nuestra clase política aquella frase que dice: “a mí no me den, pero pónganme donde hay”. 

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