Ciudad de México. “¿Hasta dónde deben llegar los tribunales para reparar la falla del sistema y hacer valer sus decisiones, frente al desacato a una orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión?”, preguntó el presidente de este Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón.
El magistrado estaba entre pares, especialistas en materia electoral de distintos países reunidos en un foro, y no resistió hacer el planteamiento doméstico, frente a lo que delineó como un escenario de eventual riesgo, de focos amarillos y rojos, de fallas de la democracia.
Los invitados guardaron silencio y luego soltaron una risa nerviosa, quizá por no comprender bien el caso específico (Movimiento Ciudadano quedó fuera de la Comisión Permanente por decisión de un bloque partidista mayoritario), pero también advirtiendo los alcances de sus respuestas.
Finalmente los panelistas de la parte final del foro “Estándares internacionales de la Comisión de Venecia. Un análisis comparado con la justicia electoral mexicana” apenas bordearon en comentarios generales acerca de los ataques de los que puede ser objeto una autoridad electoral, incluso por quien gana la contienda.
Así que el magistrado se quedó sin la respuesta específica a su planteamiento: qué hacer si no son acatadas las resoluciones de un tribunal, como el suyo, que es máxima instancia en materia electoral en el país.
Previamente, Reyes Rodríguez habló de los valores y principios democráticos, como parámetros universales, así como del valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los que forma parte nuestro país, para acrecentar la protección de los derechos políticos electorales de todas las personas.
En consecuencia, dijo, constantemente en nuestras sentencias incorporamos referencias a sus instrumentos normativos, valoraciones y estándares, con el propósito de robustecer la argumentación de nuestras decisiones.
En la actual integración de la Sala Superior, 8.20 por ciento de las sentencias han retomado estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Venecia y de la Corte Europea de Derechos Humanos, puntualizó.
“En el Tribunal Electoral estamos convencidos de que la apertura, la observación sobre nuestra actuación permite identificar las áreas en las que existe la oportunidad de acercarnos aun más a esos criterios internacionales y estándares sobre la calidad de la democracia, mejorando así la justicia electoral que se imparte”.
De esta manera se buscan al menos cuatro objetivos: perfeccionar la administración electoral, transparentar el uso de los recursos en la contienda, mejorar las condiciones de equidad en la competencia política, y cuarto, fortalecer la impartición de justicia, dijo.
Lejos, voto electrónico: magistrada
En un panel anterior, la magistrada del TEPJF, Janine Otálora, habló a pregunta expresa del tema voto electrónico en nuestro país.
“Hay ya planes pilotos donde se hacen pruebas para ver si funciona el sistema de urna electrónica; en México tendremos el problema en caso de que este sistema llegue a generalizarse, que yo lo veo un poco difícil, por lo menos a un corto plazo, que es el acceso a internet en muchos lugares del país”.
En otro tema, relacionado con la participación de grupos específicos, la magistrada indicó:
Vía jurisdiccional, ya se han creado 21 curules reservadas para candidaturas indígenas, por ende, son 31 diputaciones que son indígenas, que si bien no son electas por sus propios sistemas normativos, son electas a través de partidos políticos pero ya le hemos, por segunda ocasión, instruido al Instituto Nacional Electoral que emita los lineamientos que permitan calificar esta autoadscripción calificada que se está solicitando para estas candidaturas que podría, ser entre otros, el hablar una lengua indígena, el haber nacido en una comunidad indígena o el haber hecho trabajo tequio, colectivo, dentro de la comunidad.
También los pueblos indígenas en México tienen una defensoría pública electoral, creada precisamente para facilitarles de manera gratuita y profesional el acceso a la justicia electoral.
En cuanto a la utilidad de la Comisión de Venecia resaltó la experiencia internacional en los temas que afectan nuestras democracias, como ocurrió cuando se analizaba la reforma electoral en Chile.
A las sociedades latinoamericanas nos une algo más que nuestro pasado común y nuestra cultura; nos une una visión de futuro en la que la democracia, el estado de derecho y la garantía de los derechos humanos a partir de un estado constitucional, sea una realidad para el desarrollo de nuestras sociedades, añadió.
