¡A tapar el pozo!
Ahora resulta que la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde sucedió la tragedia, ha sido clausurada definitivamente; que se rescindió el contrato con la empresa privada de seguridad que se había contratado y que, incluso el Instituto Nacional de Migración (INM), se va a transformar de manera paulatina, pero radical.
El que no ha sido clausurado o defenestrado es Francisco Garduño, comisionado del INM; tampoco le ha llegado el humo de la quemazón al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que rápidamente hizo una finta y le pasó la bola a Marcelo Ebrard, quien coordinaba la llamada Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria.
Dicha comisión se formó precisamente para solventar la crisis internacional que provocó el INM con la aplicación del nuevo paradigma migratorio, que consistió en regularizar el cruce de la caravana de migrantes que se formó en enero de 2019, sin tener en cuenta las mínimas consideraciones geopolíticas. Cinco meses después pagaríamos las consecuencias.
Dicen ahora que ni el secretario de Gobernación ni el comisionado del INM participaron en la citada comisión intersecretarial. Como suele suceder, a estas comisiones asisten delegados de cada secretaría que puntualmente firman las actas de manera protocolaria y vuelven a lo suyo. En una de esas reuniones se dijo que la idea es que no importa el cargo, sino el encargo, y que lo importante era trabajar en equipo. Pero a la hora de la hora, nadie se hace cargo del encargo.
Como consecuencia del desastre de Ciudad Juárez, me imagino que esta comisión intersecretarial va a ser sustituida por una nueva: la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Todo esto con la bendición del padre Solalinde, que hasta el momento ha dado la cara y ha afirmado que la 4T nunca llegó al INM. Y si por 4T se refiere a lucha frontal contra la corrupción, creo que tiene toda la razón, no se ha hecho nada.
Respeto profundamente al padre Solalinde, que en solitario ha luchado a favor de los migrantes desde su trinchera en la casa del migrante Hermanos en el camino, en Ixtepec, Oaxaca. Un toque de humanidad y humildad a esta nueva coordinación de asuntos migratorios no le viene nada mal, y podría tener algún impacto en las siete secretarías que van a quedar involucradas. A ver si sucede el milagro.
Pero en México, y en muchos otros lados, las comisiones y coordinaciones intersecretariales no funcionan. Menos aun cuando son formales y no asisten los verdaderos responsables. Las actas de la comisión de marras revelan su total inoperancia. En una de éstas se da cuenta del informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que pone sobre la mesa el crecimiento exponencial de los solicitantes de refugio y que habían solicitado 124 millones de pesos para responder a la demanda, pero sólo dieron 24 millones. Algún iluminado pidió al representante de Hacienda que se les incrementara el presupuesto con urgencia, pero éste respondió que eso dependía de los legisladores que habían aprobado el presupuesto. Paradójicamente el INM había recibido un incremento notable.
Es verdad que el asunto migratorio requiere de una coordinación intersecretarial, pero no puede darse desde una subsecretaría que no tiene poder de convocatoria. Por otra parte, cada una de las secretarías involucradas en el asunto migratorio deberían tener una dirección que se encargue del tema desde la óptica de relaciones exteriores, salud, educación, trabajo, etcétera. Lo que simplemente no existe.
Hoy contamos con personal altamente calificado en temas migratorios desde muy diferentes perspectivas analíticas y especialidades. No hay razón para improvisar y que lleguen a estos cargos personas que no tiene conocimiento del tema. Históricamente tenemos una larga lista de ineptos en la subsecretaría que se ocupa de la migración, puestos que se consideran un premio de consuelo.
La actual subsecretaría se encarga de derechos humanos, población y migración, antes también de asuntos religiosos. Pero el subsecretario Alejandro Encinas, al parecer, sólo se encarga de derechos humanos y del caso Ayotzinapa. Tiene sentido que población y migración vayan juntos. Y en ese supuesto el Consejo Nacional de Población debería encargarse de las tareas estadísticas que realiza actualmente la Unidad de Política Migratoria, y ésta debería dedicarse a coordinar a las secretarías involucradas y definir la política migratoria.
Propiamente la palabra definir no es correcta, ya que la política migratoria se debe ajustar a las coyunturas de un fenómeno dinámico y cambiante. Hay que definir con claridad los criterios y protocolos, pero al mismo tiempo se debe solventar las coyunturas y el impacto local e internacional de las políticas puestas en práctica.
