■ Exigen se investigue y suspenda a cinco funcionarios; SFP analizará las quejas
Ayer al mediodía, trabajadores del transporte público se manifestaron de manera pacífica al exterior de la Dirección de Transporte público, Tránsito y Vialidad, para exigir que se investigue y se suspenda de sus labores a cinco funcionarios de esta dependencia, quienes resultaron beneficiados con una concesión por parte de la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes.
Salvador Maldonado Trejo expuso que se tienen pruebas de que dichas concesiones fueron entregadas al comandante de tránsito, Daniel Dorado Delgado, quien obtuvo una concesión de transporte urbano. De igual manera obtuvo el beneficio, la esposa de Juan Antonio Arellano, María Rentería Sandoval quien trabaja en las oficinas de la dependencia.
Además está incluido en esta lista a Miguel Alejandro Aguilar, quien fue funcionario de la Dirección de Servicios Públicos de Tránsito. Así como a Ignacio Rodríguez Santana y José Manuel Rodríguez.
Indicó que los trabajadores del volante han identificado y reportado cerca de 70 concesiones de forma irregular.
Los inconformes afirman que respetan pero no comparten las declaraciones del gobernador Alejandro Tello Cristerna, al declarar que no se han detectado irregularidades en la entrega de concesiones por la anterior administración.
Los trabajadores fueron atendidos por Miguel Rivera Villa, director de Tránsito, quien les expuso que serán las autoridades de la Secretaría de la Función Pública quienes determinen si hubo o no irregularidades.
Coincidió en que las concesiones no debieron entregarse hasta el fin del sexenio de Miguel Alonso Reyes, pues en su opinión, pudieron entregarse en los dos primeros años de gobierno para evitar este tipo de situaciones.
Por su parte, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Paula Rey Ortiz Medina, informó que se está revisando la convocatoria de manera minuciosa para analizar las quejas de los inconformes.
La determinación de que se revoquen las concesiones ya no corresponde a la SFP, pues esta dependencia sólo entregará los informes con los elementos o resultados que se advirtieron, y la decisión la tomará el gobernador y la secretaria general de Gobierno.
“Tenemos dos vías de actuación, por un lado revisamos la convocatoria y las concesiones que se otorgaron, y por otro lado estamos dando curso a una queja que fue ratificada. Lleva su curso y se tendrá que citar a comparecer a quien resulte”, explicó Ortiz Medina.
Se envió solicitud de información a municipios y dependencias federales para descartar que existan funcionarios de los tres órdenes de gobierno con este beneficio. “Esperemos entregar el informe en breve al gobernador, sería difícil establecer una fecha”, expuso la funcionaria.
