México, DF. El alto mando del Ejército está preocupado por el impacto que han tenido las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenaron a la procuraduría militar y a los juzgados castrenses enviar al fuero civil los asuntos de soldados acusados de cometer delitos en agravio de civiles, porque hay ‘‘indefiniciones’’ que afectan la disciplina, los derechos humanos y la integridad de los elementos sujetos a proceso.
El director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general brigadier José Carlos Beltrán, sostiene lo anterior y hace un llamado al Poder Judicial a poner atención en la seguridad de los soldados encarcelados que están sujetos a proceso penal, porque al menos dos oficiales ya fueron asesinados en prisión, sin que les fuera dictada sentencia.
En entrevista con La Jornada, el militar explica que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), en cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla, ha declinado competencia en más de 250 averiguaciones previas y los juzgados catrenses han enviado 130 asuntos a los juzgados civiles.
