Aunque la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad que creó el Centro de Sanciones Administrativas (conocido popularmente como “Torito”) ya está aprobada y vigente, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, informó que su entrada en operación aún depende de la adquisición de cámaras corporales y equipos digitales de infracción que garanticen transparencia en los procedimientos.
“Estamos haciendo las gestiones necesarias para la compra de los equipos”, explicó. “Estamos hablando de cámaras corporales, que no son costosas, y también de equipos de multas digitales que no permiten la manipulación; en cuanto se hace la consulta ya no se puede cerrar el sistema hasta registrar la infracción correspondiente.”
Añadió que, una vez adquiridos los equipos, comenzará el funcionamiento del operativo completo, que integrará a la Policía Vial, la Secretaría de Seguridad Pública, el órgano interno de control, la Secretaría General de Gobierno y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. “Una vez que tengamos esos equipos, básicamente es iniciar el funcionamiento de todo el operativo”, dijo.
El funcionario recordó que la reforma de agosto de 2024 estableció la creación del “Torito” y de la Policía Vial Preventiva, instancia que sustituye a la antigua Dirección de Policía de Seguridad Vial. El Centro será responsable de aplicar arrestos administrativos de ocho a 36 horas a conductores en estado de ebriedad, con posibilidad de conmutar la sanción por multa o retiro de licencia de uno a tres años, según la gravedad de la falta.
González Romo precisó que la inversión no superará los 10 millones de pesos, pues “una cámara corporal cuesta alrededor de mil 500 o dos mil pesos” y el mayor gasto será el desarrollo del software que enlazará las tiqueteras digitales con el sistema estatal.
La infraestructura del Centro de Sanciones Administrativas, construido en la capital, fue financiada por la Fundación AB InBev y Grupo Modelo, aunque la operación será responsabilidad exclusiva del Gobierno estatal. El funcionario dijo que la empresa podría seguir colaborando “en la parte metodológica, aportando especialistas y mejores prácticas internacionales” para fortalecer los programas de prevención del consumo riesgoso de alcohol.
Respecto a los retos de seguridad vial, consideró que el incremento de motocicletas sin medidas básicas de protección representa uno de los principales problemas.
“Lamentablemente muchos motociclistas circulan sin las mínimas condiciones de seguridad. Imagínese que de pronto usted tiene un accidente con una persona que iba en motocicleta, que llevaba a su familia y que no traían casco; termina usted lesionando a un niño o a una niña, y entonces como automovilista también corre muchos riesgos en su seguridad jurídica y en su seguridad personal”, comentó.
El titular de la SFP afirmó que el propósito del nuevo modelo es modernizar la gestión vial y dotar de herramientas tecnológicas los procedimientos de infracción y sanción. “Estamos retomando ese trabajo y seguramente en unos meses tendremos resultados”, concluyó.
