Hace unos días, pudimos conocer las propuestas de dictámenes provenientes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de los Diputados (como cámara de origen), respecto al que se ha conocido como Plan C. Éstos han dado cuenta de la importancia del proceso de deliberación para su mejora e incluso explicación cabal. Respecto a la inscripción de ciertas políticas públicas, como derechos sociales y, una vez inscritos en la Constitución, fundamentales, puede debatirse, pero no han requerido mayores explicaciones, dado que, está claro que se trata de consolidar dichos derechos como adquiridos y a su vez, como un deber del Estado mexicano, más allá de la particularidad de cada caso, como una conquista general.
Sin embargo, en lo que se refiere a las reformas que están dirigidas a desaparecer o bien rediseñar diversas instituciones con carácter de constitucionales, hay muchas áreas de oportunidad, lagunas y evidentes conflictos, incluso, entre las consideraciones y las respuestas a dichos argumentos. Por ello es importante reiterar la importancia de sendos ejercicios de deliberación pública, que permita expresarse a los operadores de dichas instituciones, así como a las personas beneficiaras, como personas, de los derechos que dichas instituciones garantizan.
No solo se trata del Poder Judicial, y su reforma respectiva, también es importante atender lo relativo a los órganos constitucionales autónomos, en cuyo rediseño hay posibilidades para reducir el aparato del Estado y su gasto, e incluso, fusionar o desaparecer instancias, sin que se vean afectados los principios que la propia Constitución consagra para los derechos humanos. Sin embargo, dichos dictámenes dejan ver una tremenda improvisación e incluso falta de sistematización en su redacción.
Es viable repensar nuestra organización política desde la Constitución, considerando siempre que ésta emana, no de las instituciones per se, sino de las personas y sus derechos; a partir de ahí, lo que debe pensarse es, con qué instrumentos, herramientas y mecanismos, los individuos podrán defenderse de vulneraciones no solo del Estado, sino de otros individuos o del mercado, éste último, centro y eje del neoliberalismo, némesis multicitado del proyecto político ganador el pasado junio.
De no hacerlo de esta manera nos encontraríamos con que, más que fortalecer al
Estado (como conjunto de instituciones), lo mutilamos frente a los poderes fácticos, sean éstos, como ya se dijo, el mercado, el crimen organizado o individuos lo suficientemente potentados.
Este llamado, retorna pertinencia conforme se acercan las fechas en las que se discutirán para aprobarse en la comisión respectiva las propuestas que serán discutidas en el Constituyente Permanente a partir del próximo primero de septiembre. Más que voluntad política para una aprobación exprés, la prudencia y sentido de la historia, obligan a la voluntad política para el diálogo, la apertura y convocar a todas las voces que pretendan expresarse a que lo hagan con detenimiento. Por lo pronto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia (conformado, entre otros, por sus 32 homólogos locales) ha convocado a sus integrantes a unirse en la solicitud de diálogo y apertura para presentar propuestas de mejora, en aras de reducir sus costos, su estructura y sus procedimientos, sin que ello deteriore el sistema de garantías de los derechos que preserva como sistema. Una propuesta, por cierto, en la que ha insistido, desde hace ya tiempo, la comisionada Julieta del Río.
Seguramente, de este tipo de ejercicios, pueden surgir las propuestas que la ciudadanía está esperando, y que los legítimos representantes de la voluntad popular, tienen el compromiso de hacer valer. Ojalá el llamado y la iniciativa se replique en el resto de instituciones, hoy materia de debate.
@CarlosETorres_
