Madrid, 6 de junio. El gobierno español, presidido por el conservador Mariano Rajoy, aprobará en las próximas semanas una nueva ley orgánica que regulará la situación jurídica del rey Juan Carlos tras su abdicación, con lo cual quedará garantizado sublindaje ante cualquier querella criminal que se presente en su contra.
El temor en la casa real a que el monarca pueda ser imputado surgió tras el anuncio de asociaciones republicanas de que investigarán si hay posibilidad de procesarlo por algún delito cometido durante su reinado, sobre todo de carácter económico.
La corona y el cetro –símbolos de la monarquía española– permanecen resguardos en una caja acorazada, en espera de la ceremonia de coronación del príncipe Felipe, que se realizará el 19 de junio; en el gobierno se dieron los primeros pasos para blindar la figura del rey y mantener su fuero.
La vicepresidenta primera del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que Juan Carlos “goza de inviolabilidad para todos sus actos, gracias a la Constitución, y no tiene responsabilidad alguna por el ejercicio de su cargo con independencia del futuroblindaje, porque no implica recuperar la responsabilidad para las actuaciones anteriores”. De esta forma, dijo, el rey no será juzgado por ilícitos que haya podido cometer.
Sáenz de Santamaría aprovechó su comparecencia ante los medios después del Consejo de Ministros para arremeter contra los nacionalistas catalanes de Convergencia i Uniò (CiU), los cuales adelantaron que su postura como grupo parlamentario ante la votación en el Congreso de los Diputados para aprobar la ley de abdicación será la «abstención»
, de la misma manera que lo hará el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Tanto el PNV como CiU formaron parte del pacto constitucional de 1978 y gobiernan en las dos regiones más prósperas e industrializadas del país: Cataluña y el País Vasco.
De hecho, el vocero del grupo catalán en el Congreso de los Diputados, Josep Antoní Durán y Lleida, reconoció que «los puentes de diálogo están rotos»
con el actual gobierno, el cual no les informó ni hizo partícipes de la redacción de la ley mencionada.
El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) logró que se aceptara en el Congreso una petición para que la aprobación de la norma que coronará a Felipe VI se realice mediante el sistema de » pública por llamamiento»
.
Es decir, la votación será en voz alta y tras ponerse cada diputado de pie, con lo que quedarán retratados los legisladores que respaldarán la iniciativa, a pesar de la exigencia popular de que se realice un referendo para que los españoles se pronuncien en favor de la continuidad de la monarquía o de la instauración de la república en el país.
Este sistema afectará sobre todo a la bancada del Partido Socialista Obrero Español, en el que hay algunos sectores en contra de acatar la disciplina de voto impuesta por su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, de apoyar la postura del actual gobierno en lo relacionado con la sucesión monárquica.
Por lo pronto, las plataformas republicanas y partidos de izquierda, así como algunos sindicatos, intensificaron su llamado a la manifestación de protesta que se realizará este sábado, y se convocó a un nuevo acto de «rodea el Congreso»
para el miércoles próximo, que coincidirá con la aprobación en dicha cámara de la ley de abdicación.
En su convocatoria afirman que «el heredero de (Francisco) Franco abdica en un momento crítico para el régimen. Con los principales partidos en descomposición, tanto por su falta de apoyos como por la corrupción en la que están implicados, con amplias movilizaciones»
antigubernamentales.
