0.8 C
Zacatecas
miércoles, 30 noviembre, 2022
spot_img

Notas para el debate sobre la seguridad pública

EL PÉNDULO

Más Leídas

- Publicidad -

Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

Antier por la tarde circuló profusamente la noticia de una fuerte trifulca en el estadio Corregidora de Queretaro, y de que entre 10 y 30 personas habían perdido la vida. Al final resultó que aunque sí existió la riña y fue muy violenta, las autoridades locales informaron que sólo hubo heridos, dos de ellos graves. De cualquier modo, el comportamiento de las redes provocó un impacto equivalente a los recientes crímenes cometidos en Zacatecas y en Michoacán. La respuesta social no podía ser diferente: exigencia de seguridad y paz, así como críticas de todo tipo a las autoridades federales y locales.

- Publicidad -

Creo que la atmósfera creada por esos sucesos de alto impacto en la opinión pública es propicia para esclarecer el tema, explicarnos la estrategia gubernamental y reflexionar sobre lo que podemos hacer como sociedad. Para iniciar es indispensable recordar que Felipe Calderón puso al frente del esfuerzo institucional al equipo encabezado por Genaro García Luna que, ahora está claro y ya nadie lo pone en duda, borró la frontera entre las organizaciones criminales y las instancias gubernamentales encargadas de combatirlos. Ese esquema tuvo continuidad en el sexenio del presidente Peña, teniendo como resultado el fortalecimiento del crimen organizado y el crecimiento de todos los índices delictivos, especialmente el de los homicidios dolosos.

Los gobernantes anteriores dejaron de lado el análisis de un buen número de especialistas en la materia, que siempre parten de la base de que en México existen varias causas que inciden en la propensión a la violencia y la inseguridad: pobreza y marginación; bajos niveles de organización comunitaria y de cohesión social; presencia disminuida de la autoridad e infraestructura física precaria para las corporaciones; ambiente propicio para la impunidad y la corrupción en la procuración y la administración de justicia; ausencia de cultura de la legalidad e impactos transnacionales de la criminalidad.

De lo anterior se pueden derivar algunas conclusiones importantes sobre la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno encabezado por AMLO: la primera decisión, difícil, pero indispensable, fue cortar de raíz la herencia de Genaro García Luna y su equipo, lo que implicó disolver la Policía Federal incluyendo al grupo encargado de la labor de inteligencia. Acto seguido se inició la construcción de la Guardia Nacional, corporación policiaca militarizada integrada por efectivos provenientes del Ejército y la Marina, así como nuevos reclutas, todos ellos voluntarios que están siendo capacitados, teórica y prácticamente, para que sean agentes policiacos respetuosos de la ley y de los derechos humanos. Ante la inexistencia de instalaciones dignas para su despliegue en todo el país se han construido 300 cuarteles para alojar a los 92 mil efectivos de la GN desplegados hoy por todo el país. El plan es construir 600 durante la presente administración. Si a ello agregamos los 75 mil soldados y 30 mil marinos, resulta que están desplegados por todo el país atendiendo labores de seguridad, alrededor de 200 mil efectivos, algo núnca visto en México, lo que ha reforzado la presencia estatal.

A lo anterior se agregan los programas de bienestar para atemperar la pobreza y la marginación, flagelos que crecieron en todo el mundo como producto de la pandemia que hemos padecido los dos años anteriores. El principal efecto de los programas sociales es que el consumo interno no disminuyó no obstante la parálisis económica inducida para contener los contagios. Para el año 2022 la Cámara de Diputados autorizó una partida de 445 mil millones de pesos con lo que la cobertura será de 65 % de los hogares del país. Con ello se espera que disminuya la violencia intrafamiliar y el resto de los efectos que la pobreza y la marginación tiene en la cohesión y armonia familiar. Similar efecto tendrá la decisión de invertir este año lo suficiente para que todas las personas que no son derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, puedan ejercer su derecho a la salud de manera gratuita.

Por otra parte, tampoco se puede negar que la presión aplicada por AMLO en contra de la impunidad en todos los ámbitos, no ha sido suficiente para que se vean claramente los resultados en las instituciones -independientes del Ejecutivo- encargadas de la procuración y la administración de justicia, la que sigue llegando a cuenta gotas a la población. De cualquier manera, el informe más reciente indica que en lo que va de la administración el número de delitos del fuero federal ha disminuido poco más del 40%. El informe de febrero de este año también afirma que “en los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso. El mes de enero pasado ha sido elmás bajo en la incidencia de este delito en los ultimos cinco años. En 2022 iniciamos con una reducción de 14.4% en comparación con enero de 2021 y de 19% respecto a enero de 2020. La Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando”.

El hecho procupante es que los delitos de alto impácto siguen ocurriendo con frecuencia, porque las maquinarias para matar del crimen organizado mantienen su dinámica de competencia por territorios y mercados, han adquirido experiencia y habilidades, reciben mucho dinero y armas del mercado norteamericano, por lo que las autoridades deberán afinar su estrategia para combatirlas. Y a la sociedad nos corresponde actuar para incrementar la cohesión y la inclusión.

- Publicidad -
- Publicidad -spot_img

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -spot_img