PERSPECTIVA CRÍTICA
Durante los días pasados ha tomado forma el regreso a la actividad de su partido (si es que realmente alguna vez se fue) del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien en 2014 fue acusado de formar parte de una red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al contratar a jovencitas de 18 a 32 años de edad para prostituirse en el PRI, ello mientras fungía como dirigente del tricolor en la capital del país.
Pese a que se documentaron los hechos desde el periodismo de investigación realizado por Aristegui Noticias, y de que se formalizó una queja en el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) por las acciones de Gutiérrez, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó no haber encontrado pruebas suficientes en contra del priísta.
El desprestigio de Cuauhtémoc Gutiérrez sigue vigente por su presunta participación en la red de prostitutas, pues pese a las exoneraciones “oficiales”, la incredulidad sobre su inocencia persiste en buena parte de la sociedad civil, otros partidos políticos e incluso al interior de cuadros del propio PRI. Y es que además del escándalo de la red de prostitución, Gutiérrez ya había estado inmiscuido en escándalos por controlar grupos juveniles de choque que han “reventado” reuniones al lanzar piedras y sillas, golpear gente, hacer pintas en eventos formales e incluso invadir predios, lo que le valió pisar la prisión.
El nocivo historial de Cuauhtémoc Gutiérrez ha sido soslayado en el marco de la llegada a la dirigencia tricolor en la Ciudad de México de Eruviel Ávila, ex Gobernador del Estado de México, y se le premió recientemente con su integración a la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No es de extrañar este tipo de movimientos por parte del PRI de cara a las elecciones de 2018, y refleja que el cálculo político tricolor es el de asumir el desprestigio de tener alfiles de reputación sumamente dudosa, a cambio de disponer de efectivos operadores políticos.
Otro caso en el mismo sentido es el de Mario Marín, alias “El gober precioso”, quien mientras se desempeñó como gobernador de Puebla por parte del PRI, fue acusado por la periodista Lydia Cacho (a quien Marín también habría privado de su libertad) de estar involucrado con personajes señalados por participar en una red de pederastia, ello en complicidad con el empresario Kamel Nacif Borge.
La simulación de las autoridades para solapar las acciones de “El gober precioso” se vio truncada con las marchas que la sociedad civil realizó en Puebla en exigencia a que se le castigara por sus acciones, lo que condujo a que su partido lo retirara de la escena pública, sólo que más por encubrirlo que por sancionarlo.
Durante los meses pasados Mario Marín ha sido “resucitado” en la actividad priísta, y empieza a verse de manera cada vez más frecuente (al igual que Gutiérrez) en espacios políticos y públicos relacionados con los comicios que se avecinan para 2018.
Más allá de que al PRI no le importe manchar su imagen con la inclusión de los perfiles más delictivos y lujuriosos de su padrón de miembros, el acto de impunidad y cinismo de respaldar a estos personajes representa un retroceso muy grave para el respeto a la mujer en general, para la procuración de justicia que debió existir en dos casos emblemáticos de prostitución y pederastia, y contradice el discurso demagógico priísta de proteger al género femenino.
Es necesario tomar perspectiva sobre estos casos frente al hecho de que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. De igual manera, los corredores de prostitución se duplicaron en varias zonas de la capital mexicana, de acuerdo a la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), citado por Publimetro.
Es decir, el recrudecimiento de fenómenos como la prostitución y el abuso infantil es una realidad en México, y personajes priístas que hoy son exonerados legalmente –aunque no por parte de la población-, forman significativa parte de la problemática.
