México, DF. En el inicio de la segunda etapa de su trabajo de investigación en el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insistió en la necesidad de que sean entrevistados 26 militares del 27 batallón, ubicado en Iguala, como parte fundamental en la indagatoria de los hechos que derivaron en la desaparición de 43 jóvenes estudiantes el 26 de septiembre de 2014. Hasta ahora sólo han sido entrevistados 12; los especialistas subrayan también que en esta etapa habrá “nuevos cateos” y búsquedas en los lugares a donde pudieron ser conducidos los normalistas más allá de las fosas.
Los integrantes del GIEI dijeron que no es necesario, como lo planteó la Procuraduría General de la República (PGR), hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula; sin embargo, ante esta decisión de la autoridad, es necesario que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en dinámica de fuego y grandes explosiones; también el GIEI enfatiza en la necesidad de completar las demandas de pruebas e informaciones solicitadas en los primeros seis meses y que aún no han sido proporcionadas.
En este punto son 10 las líneas de investigación propuestas ya a la PGR en las que, como ha sido difundido, destaca “la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona”; una nueva estrategia de búsqueda que “incluirá cateos” y la evaluación de denuncia de los detenidos actualmente, sobre presuntos malos tratos y tortura.
Los especialistas recordaron que de comprobarse esa situación, las pruebas obtenidas bajo estos métodos quedan anuladas.
Acerca de las fosas dijeron que es necesario hacer un mapa de las mismas, con base en tecnología adecuada que incluya mapas satelitales y otros elementos especializados tanto en posibles fosas como en alteraciones de terreno en Pueblo Viejo y La Parota, entre otros lugares, diligencias que hasta ahora no se han realizado.
“Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero”, se indica en el documento emitido por los integrantes el GIEI; Francisco Cox, Claudia Paz, Carlos Beristáin, Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, quienes además subrayaron que su trabajo es de asesoría a la PGR y que continuarán en esta investigación como parte de una invitación del Estado mexicano, por lo que las críticas hacia su persona quedan en segundo término.
En esta estrategia destacaron que la segunda etapa de investigación deberá indagarse y recabar información sobre hornos crematorios en la región porque hasta la fecha sólo se ha obtenido información parcial de crematorios privados.
Una vez más el grupo advirtió a la PGR que el “manejo inadecuado” de la información pública sobre la supuesta identificación de uno de los normalistas Jhosivan de la Cruz; en el mismo sentido se hizo la crítica de la forma en que se difundió información del estado de salud de Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado vegetativo.
De igual forma,el grupo subrayó la importancia de la exhumación e inicio de la segunda autopsia a Julio Cesar Mondragón, asesinado durante los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura.
“La esperanza de los familiares es encontrar respuestas sobre los hechos vividos, contar con un estudio realizado con las condiciones adecuadas y rescatar el buen nombre de Julio César. Esto forma parte de las garantías de investigación en este caso y constituirá nuevas pruebas para la evaluación de estos hechos atroces”, señaló el grupo.
Igualmente, dijo que en los próximos días emitirá sus comentarios acerca del ante proyecto de la Ley General de Desaparecidos; por lo pronto ponderaron la necesidad de que esta norma incluya procesos uniformes que eviten la fragmentación de la búsqueda en los niveles estatales y federales.
Insistieron en que su trabajo, desde el inicio ha impulsado el avance de la investigación del caso Ayotzinapa, y que las estrategias de búsqueda deben ser coherentes, y que no haya retrocesos en las conformaciones de los hechos que sí ocurrieron.
Como dijeron desde su primer informe, es necesario replantear elementos sustanciales en la investigación, aunque dejaron en claro que la obligación del GIEI es suministrar medios a la PGR, para que esa institución determine el paradero de los estudiantes y establezca medios probatorios e idóneos para deslindar o fijar responsabilidades.
