En la Cámara de Diputados estamos a punto de aprobar el presupuesto de egresos de la federación para 2025, una herramienta fundamental para definir la distribución de los recursos destinados al bienestar de las y los mexicanos. Como legisladores federales, tenemos la responsabilidad de garantizar que este presupuesto no solo contemple las necesidades de los sectores urbanos, sino que también preste especial atención a uno de los segmentos más desprotegidos y olvidados: el sector rural.
En el campo mexicano se concentra una gran parte del rezago, la pobreza, las desigualdades y la marginación que enfrentan muchas comunidades. Es allí donde las brechas en el acceso a servicios básicos, empleo, educación y desarrollo son más profundas, y donde los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de la población suelen ser insuficientes. Por ello, la inclusión de políticas y programas que favorezcan a este sector debe ser una prioridad en el análisis y discusión del presupuesto de 2025.
Es fundamental que el presupuesto contemple rubros importantes para el desarrollo del campo y la protección de los derechos de los ejidos y comunidades. La tierra debe ser para quienes la trabajan, es decir, para las familias rurales; sin embargo, los ejidos y comunidades a menudo son vulnerables a la especulación, la voracidad de grandes empresas y el despojo. Es esencial garantizar la certeza jurídica de estas tierras, impulsando políticas que favorezcan su correcta administración y protección, y promoviendo su uso sustentable para las generaciones venideras.
En cuanto al uso de nuevas tecnologías, la tecnificación del riego se presenta como un área clave. En un país donde gran parte de la producción agrícola depende de las lluvias, es crucial adoptar tecnologías que permitan un uso más eficiente del agua. La instalación de infraestructura moderna para el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos no solo incrementará la productividad, sino que también contribuirá a mitigar la creciente escasez de agua. Al mismo tiempo, esto favorecerá la conservación del suelo y del agua, elementos vitales para la sostenibilidad del medio ambiente y la seguridad alimentaria del país.
El cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta el sector rural, y sus efectos ya se están haciendo sentir en la agricultura y ganadería. Las sequías prolongadas, las lluvias erráticas y el aumento de las temperaturas ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país y los medios de vida de millones de mexicanos. Por ello, es indispensable que el presupuesto de 2025 contemple recursos para acciones de adaptación y mitigación frente al calentamiento global, que no solo aseguren la viabilidad del sector, sino que también fortalezcan la resiliencia de las comunidades rurales ante los impactos del cambio climático.
Además, es necesario que el presupuesto contemple fondos de garantía, mismos que garantizan que las y los campesinos no se queden atrás cuando enfrenten dificultades, permitiéndoles recuperar su capacidad productiva y seguir contribuyendo a la economía nacional.
Al aprobar el presupuesto, debemos priorizar un campo más justo, equitativo y sostenible, donde los derechos de los ejidos y comunidades sean respetados, el uso de los recursos naturales sea eficiente y responsable, y el futuro de las generaciones venideras esté asegurado.
