Falta aproximadamente un año y siete meses para que se lleve a cabo la jornada electoral de 2024. Como bien sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado, ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que pretende, según sus palabras, “instaurar una democracia libre y que nunca más haya fraudes, de los que incluso él padeció”.
Su propuesta contempla particularmente algunos aspectos como los siguientes:
1.- Que el Instituto Nacional Electoral se convierta en Instituto de Elecciones y Consultas. Será el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones, para lo cual absorbería las funciones de los organismos públicos locales en los estados, y la organización de los procesos electorales en la República, a nivel nacional, estatal y municipal.
La Cámara de Diputados; la Cámara de Senadores; la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal, propondrán una lista de perfiles, de la que se elegirán a los consejeros, a través del voto popular. El mismo procedimiento aplicará para la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2.- Disminuir de once a siete el número de consejeros electorales.
3.- Eliminar el financiamiento a partidos políticos para las actividades ordinarias.
4.- Desaparecer a los legisladores llamados plurinominales.
5.- Desaparecer los Oples y tribunales electorales para abaratar el costo de los órganos electorales.
6.- A nivel estatal también se plantea la reducción de integrantes de congresos locales.
7.- Igualmente se propone la eliminación del financiamiento público ordinario, para que este financiamiento se realice a través de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. En cambio, el financiamiento público se mantendrá solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral.
8.- También se implementa que para que el resultado de una consulta de revocación de mandato sea vinculante para las autoridades, baste con que participe el 33% de la Lista Nominal y no el 40%.
Dicho lo anterior, expongo mis comentarios:
Las instituciones públicas no son estáticas y las normas jurídicas no son perennes. Son establecidas aquellas y creadas éstas, para una cierta época y lugar determinado. Por eso, en la medida que transcurre el tiempo, las condiciones existentes al momento de su creación ya no son las mismas; en consecuencia, se deben modificar a través de reformas o adiciones cada vez, para adaptarlas a la nueva realidad, porque de otra manera se convertirían en letra muerta, sin materia qué regular o en instituciones sin objeto de qué administrar u organizar.
Particularmente, en la iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo, se pretende regresar al pasado, en mucho de lo que ya se había avanzado en nuestra democracia desde 1990 hasta nuestros días. No todo lo que se pretende destruir con esa propuesta es malo o inservible. Hay más cosas rescatables que ameritan reformas o adiciones.
Sin embargo, es un grave error la afirmación del mandatario de que el Instituto Nacional Electoral es un sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho y eso hay que evitarlo.
¿Por qué es un error?
La existencia de los órganos electorales, tanto el INE como el TEPJF, ha sido determinante para la confianza y estabilidad de nuestros comicios. La democracia en México se ha logrado gracias a la existencia de estos organismos autónomos, así como por la participación de miles de ciudadanos en los procesos. De ahí que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal genera altos riesgos por no ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de las autoridades electorales.
En 1990, luego de las elecciones de 1988, y gracias a un importante acuerdo político, el Congreso reformó la Ley y mandató la existencia del entonces Instituto Federal Electoral. Pero fue hasta 1996 cuando el Congreso reforzó la autonomía e independencia del IFE, al desligar por completo al poder ejecutivo de su integración y reservar el voto para los consejeros ciudadanos.
Antes de 1990, el gobierno organizaba las elecciones a través de la Comisión Federal Electoral, encabezada por el secretario de Gobernación.
Con motivo de las reformas en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, a fin de contar con una institución imparcial que da certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
Sin embargo, ahora con la iniciativa del Presidente, se pretende que los candidatos a ocupar los cargos, tanto de consejeros como de magistrados electorales, sean con base en perfiles propuestos por: Cámara de Senadores; Cámara de Diputados; SCJN y el mismo Poder Ejecutivo. Todos mediante voto de elección popular.
El Ejecutivo volvería a controlar las elecciones.
La propuesta adolece de grave riesgo al contemplar que sean los militantes y simpatizantes quienes aporten el financiamiento ordinario, dejándose la posibilidad de ingreso de dinero sucio y a merced de grupos delincuenciales.
No obstante, la propuesta contempla pocos aspectos nobles, como por ejemplo, la disminución de los altos costos de nuestra democracia mexicana.
