La senadora Geovanna Bañuelos celebró que el Senado de la República aprobó solicitar al Gobierno de Zacatecas y a los gobiernos municipales fortalecer su coordinación para brindar la asistencia necesaria a las familias que han sido obligadas a dejar sus hogares a causa de la violencia que azota diversas regiones del estado, provocada por grupos criminales, se informó en un comunicado.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resaltó que lo anterior representa un importante paso para devolverle la tranquilidad a los zacatecanos y garantizar el respeto de sus derechos humanos.
Asimismo, agradeció la sensibilidad de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública para aprobar su punto de acuerdo y reconocer que existen el fenómeno del desplazamiento forzado en Zacatecas a raíz de la presencia de grupos de la delincuencia, que hasta el momento ha provocado que más de 2 mil habitantes de Jerez, Zacatecas, hayan tenido que abandonar sus hogares.
“El fenómeno del desplazamiento forzado es una realidad triste de afrontar pues estas personas se ven obligadas de un instante a otro a abandonar sus hogares, sus centros laborales o escolares, sus muchas o pocas pertenencias, pero, sobre todo, abandonan sus sueños, su historia, su memoria, su tierra, su patrimonio de toda la vida”, expuso.
Puntualizó que quienes viven la situación de desplazamiento forzado se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección física, a la pérdida irreparable de sus seres queridos, medios de subsistencia y su patrimonio familiar.
“Hoy, Zacatecas es sinónimo de sangre, dolor, tragedia y destrucción. Debemos actuar para reorientar el presente y el futuro del estado para encontrar la paz y seguridad que tanto hacen falta”, aseveró la senadora.
Por ello, dijo, la aprobación de este punto de acuerdo se suma a los esfuerzos realizados desde el Gobierno Federal para disminuir la inseguridad en la entidad y para que las autoridades atiendan las principales necesidades de los desplazados como son acceso a los servicios de salud, vivienda, documentos personales, trabajo y educación.
