Los jueces, magistrados y ministros pasarán por las urnas. Será el voto ciudadano el que los elija. Ya es precepto constitucional cristalizado. El primer domingo de junio del 2025 iremos a las urnas. Que la SCJN pretenda desconocer la parte de la Constitución vigente que no favorece sus intereses equivale a una usurpación de la función pública. A pretender ser un poder sobre el Legislativo y el Ejecutivo. Una dictadura judicial. Por suerte, en proceso de aborto.
Los jerarcas judiciales se van. Con ellos se extinguirá la casta dorada y sus privilegios. De eso no hay duda. En todo caso aspiran retirarse con la falsa narrativa de que son mártires de una tiranía, de la antidemocracia, del autoritarismo y de un control totalitario en el que ya no se permite discrepar, se pierden los derechos y las libertades, pero, además, se destierran los contrapesos.
No me he cansado de afirmar, porque cada día se corrobora, que la derecha corrupta de México y sus aparatos acusan de lo que tienen de sobra. Sin ser gobierno hacen y se comportan con lo que tanto critican. Su vocación embustera y autoritaria surge de su afán desesperado de detener el proceso de transformación del país que pasa por mayor y genuina democracia, ampliación de las libertades, de los derechos y mayor bienestar para los desposeídos.
La Cuarta Transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, logró poner como una de las últimas piedras de la regeneración nacional, la reforma al Poder Judicial. De los tres poderes que integran el Gobierno de México, el judicial es el único que no pasa por la voluntad popular, resulta de escoger a uno(a) de las ternas que envía el jefe del Poder Ejecutivo al Senado de la República.
Durante el período neoliberal mexicano (de 1982-2018) se realizaron reformas constitucionales enfocadas a facilitar el implante del patrón de crecimiento neoliberal extranjero. Sacrificaron a los sectores populares, a las familias del campo y a los trabajadores en general. En cambio, permitieron que algunos capitalistas mexicanos pasaran del anonimato a los más acaudalados del mundo. En ese escenario se formó e integró un equipo gobernante, entre ellos del Poder Judicial, que cumpliera con los propósitos del nuevo proyecto social del país. Así se integró la actual SCJN, cabeza principal del Poder Judicial, haciendo suya la defensa de los intereses de los que más tienen, tanto de nacionales como de extranjeros. En el momento en que la 4T decide priorizar a los pobres, rompe el esquema del actual Poder Judicial, en particular de la SCJN.
No son casuales los privilegios de jueces, magistrados y ministros, son resultado de una institucionalización de las prácticas utilizadas por los grandes capitales nacionales y extranjeros para lograr sus fines de acumulación y concentración de capital, en especial durante el neoliberalismo donde la corrupción se vuelve una herramienta. Por eso, la reforma al Poder Judicial no solo afecta a la casta dorada de ese poder, sino a los intereses a los que aún sirve.
Por casi 4 décadas, parte de la Constitución fue letra muerta. Se fingió que artículos como el 39 (relacionado con la soberanía) se aplicaban. El gran cúmulo de propaganda ideológica encubrió los objetivos reales de las acciones de gobierno. En caso de controversia, ahí estaba el Poder Judicial para otorgar amparos a diestra y siniestra. Y muchas veces la SCJN declaró reformas como anticonstitucionales y mandató regresar a las leyes reformadas.
Lo que el Poder Judicial no puede hacer, de manera legal, es modificar la Constitución. Esa es una atribución exclusiva del Constituyente Permanente (Artículo 135 Constitucional) que se integra como Poder Legislativo compuesto por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores más la mayoría de los Congresos de los Estados. Una vez aprobada una adición o modificación constitucional le corresponde al Jefe del Poder Ejecutivo firmarlas y publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Ya hecho, se convierte en parte de la Constitución.
Eso es lo que pasó con la reforma al Poder Judicial. Ya es norma de observancia por todos los mexicanos que, además, encuentra sustento en el artículo 39 constitucional en el que se expone que la soberanía reside en el pueblo y que éste puede, en todo momento, realizar las reformas que considere necesarias, incluyendo el cambio de gobierno. Que el Poder Judicial quiera darle marcha atrás es una usurpación de la función pública, una flagrante violación a la propia Constitución. También se violentó la Ley de Amparo (Articulo 61) que niega el derecho de suspensión tratándose de reformas constitucionales. Querer suprimir la parte constitucional que no les favorece equivale a construir una dictadura judicial. En mi opinión, es una intensión que está abortando.