La Cuarta Transformación no ha revertido los efectos de la privatización de la educación y la salud en México, sino que simplemente se ha focalizado en aminorar los costos sociales que han representado las políticas neoliberales, afirmó José Luís Guardado Pérez, docente de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
Recordó que la política neoliberal ha consistido en privilegiar a la iniciativa privada y la educación superior no fue la excepción pues dejó de verse como un servicio para concebirse como un negocio.
“Entonces proliferaron las universidades privadas, algunas de dudosa calidad, alguna que otra muy buena, pero las universidades públicas fueron en retroceso, se les restringió el presupuesto y se les ahorcó financieramente, aunado a los problemas que generaban internamente esas instituciones, y se les pretendió ponerlas en desventaja con respecto a las universidades privadas”, dijo.
Mencionó que esa situación ocurrió con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades públicas estatales, ya que se observó un retroceso en la participación del Estado.
Guardado Pérez detalló que, además, se concedió la exención de impuestos en las colegiaturas, de forma que lo que se pagaba era recuperado en la declaración de impuestos, lo que derivó en la proliferación de escuelas privadas, a la vez de que los planteles públicos se deterioraron cada vez más.
“Eso es lo que tenemos ahorita como son consecuencia de aquella política privatizadora que no solamente fue en las empresas, sino también en servicios como la educación y la salud, entre otros”, indicó.
En el sistema de salud, expuso que en lugar de que las instituciones ofrecieran servicios, las subrogaban a empresas privadas, lo que se debe a que la política neoliberal consistía en “darle manga ancha a la iniciativa privada”.
El problema en este momento, comentó Guardado Pérez, es que el gobierno federal tenga la intención de revertir esa situación, sino solamente reducir los costos sociales que han representado esas políticas.
Por tanto, opinó que se necesita una política más agresiva de redistribución de la riqueza y una política fiscal que castigue más a los sectores de altos ingresos y que esos impuestos se canalicen a servicios para los sectores de menos ingresos, es decir, una política fiscal redistributiva con impuestos progresivos
