En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, madres buscadoras marcharon este sábado por el Centro Histórico de Zacatecas (desde la máquina 30-30 hasta Plaza de armas) para visibilizar la ausencia de sus hijas e hijos y exigir justicia ante una crisis que, denunciaron, se ha vuelto insostenible. Con fotografías, mantas y consignas, recorrieron las calles recordando que la memoria no se abandona y que su lucha continuará “hasta encontrarles, los buscamos porque los amamos”.
Con el corazón roto, pero con la determinación intacta, visibilizaron la magnitud de una crisis que golpea a miles de familias en el país: más de 130 mil personas desaparecidas en México y más de 3 mil 900 en Zacatecas.
“El dolor es indescriptible. Cada día nos invade la incertidumbre de no saber dónde están, si siguen con vida, por qué les pasó a ellos. Y, sobre todo, nos cuestionamos por qué el Estado permite que miles de familias vivamos esta situación”, expresaron en su pronunciamiento.
Las familias lamentaron que, mientras las autoridades aseguran atender el fenómeno, en la realidad las desapariciones siguen en aumento, principalmente entre los jóvenes. “El Estado falla a su obligación de cuidar de sus ciudadanos y engaña cuando dice que le importan los desaparecidos. Sus instituciones se han convertido en burocracias que nos revictimizan y criminalizan a nuestros hijos y familiares”, denunciaron.
Ante la inacción institucional, las madres explicaron que han tenido que organizarse y salir a buscar por su cuenta. Con recursos limitados pero con la fuerza del amor, recorren desiertos, sierras, basureros, cañadas y ríos, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. “Nos cansamos de esperar, de discursos vacíos y de ser usadas como trofeos en fotografías que las autoridades difunden para simular buena disposición. Por eso salimos nosotras mismas, con palas y picos, a mostrarles el horror que ellos se niegan a ver”, señalaron.
El posicionamiento también hizo referencia al trato revictimizante que reciben incluso cuando logran localizar restos humanos. “En lugar de acompañarnos con dignidad y eficacia, las autoridades juegan con nosotras, nos ponen en riesgo y nos criminalizan. Parece que las enemigas somos las madres buscadoras y no los criminales a quienes dejan actuar con total impunidad”, subrayaron.
Como ejemplo, recordaron el reciente caso de Aida Karina Juárez, buscadora asesinada, cuyo fallecimiento fue manejado de manera contradictoria por las autoridades. El secretario de Gobierno de Zacatecas anunció en redes sociales que había sido localizada sin vida en San Luis Potosí y que existían detenidos; sin embargo, al día siguiente las autoridades de ese estado negaron la versión y aclararon que el cuerpo ni siquiera había sido identificado. “Juegan con nuestro dolor, nos ponen en riesgo y muestran que lo único que les importa es su imagen pública”, denunciaron.
Las madres señalaron directamente al gobernador David Monreal y a los funcionarios Rodrigo Reyes y Cristian Paul Camacho como responsables de lo que ocurre en Zacatecas, acusando falta de seriedad y sensibilidad en la atención al tema. También recordaron que la violencia contra quienes buscan no es un hecho aislado: más de 30 buscadoras han sido asesinadas en el país, siete de ellas en lo que va de este año, sin que se tomen medidas para garantizar la seguridad mínima de quienes buscan a sus seres queridos.
“Hoy exigimos que se respete nuestra lucha, que las instituciones incorporen de manera real nuestras demandas y que dejen de tratarnos como si nos hicieran un favor”.
Ante esto, llamaron al Estado mexicano a cumplir con el compromiso de abrir mesas de trabajo efectivas para la construcción de políticas públicas. Subrayaron que la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es un proceso clave que debe realizarse de manera abierta, transparente y participativa, garantizando que el perfil elegido responda a las necesidades reales de las familias y de la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
Recordaron, además, que México está obligado a implementar las recomendaciones de organismos internacionales y a rendir cuentas con evidencia clara, verificable y específica sobre avances, retrocesos y pendientes, particularmente en el marco de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De igual forma, señalaron que el manejo de información en la Plataforma Única de Identificación exige una interconexión real de bases de datos, capacitación obligatoria del personal y sanciones claras contra quienes hagan un uso indebido o falseen registros, siempre con un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad que reconozca las particularidades de poblaciones como personas indígenas, migrantes o de la diversidad sexual.
En el ámbito forense, advirtieron que el rezago de más de 72 mil cuerpos sin identificar exige la implementación urgente de un Programa Nacional de Exhumaciones con presupuesto suficiente, personal especializado y colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
En cuanto a la prevención, insistieron en que la justicia es la vía más efectiva para detener nuevas desapariciones y que, para ello, es indispensable enfrentar el 99% de impunidad que persiste en estos casos. Reclamaron que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales elaboren un diagnóstico público sobre las causas estructurales de esta impunidad, incluyendo los resultados obtenidos en materia de sentencias condenatorias.
Finalmente subrayaron también que las investigaciones deben incorporar un análisis de contexto que permita entender las dinámicas de violencia y responsabilidad institucional, además de sostener un diálogo directo y continuo con las autoridades de seguridad y desarrollar campañas públicas contra la desaparición con recursos asignados de manera específica.
