■ Legislatura oaxaqueña aprobó reformas a su Ley Orgánica del Poder Judicial
■ También se prohibió el empleo de recursos públicos para la contratación de seguros privados de gastos médicos
Mientras se realizaba el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), se dio a conocer que la 44 Legislatura de Oaxaca aprobó reformas a su Ley Orgánica del Poder Judicial en las que se replantearon los privilegios especiales que gozaban sus magistrados, tras la revisión se eliminaron concesiones como las pensiones vitalicias y se prohibió el empleo de recursos públicos para la contratación de seguros privados de gastos médicos.
Dichas reformas fueron impulsadas por los diputados pertenecientes al partido de Morena, Elisa Zepeda Lagunas y Mauro Cruz Sánchez, con el objetivo de evitar el derroche de dinero público así como impedir la perpetuación de clases privilegiadas entre los servidores públicos.
“Nuestro sistema democrático no reconoce reinados ni clases especiales que deban ser mantenidas con el dinero público. Nuestro sistema de gobierno reconoce derechos laborales que deben de ser otorgados a todos por igual”, afirmó Cruz Sánchez.
Tras las reformas realizadas todos los funcionarios y altos directivos se sumarán a los sistemas públicos de seguridad social, de igual manera se incorporarán a los regímenes ordinarios de prevención social que les corresponden a todos los servidores públicos.
¿Zacatecanos desconfían
del Poder Judicial?
Pese a los exorbitantes sueldos, bonos, generosas pensiones y otros tantos beneficios que percibe el Poder Judicial, los zacatecanos no confían en las instituciones de impartición de justicia, en el estado sólo el 8 por ciento de los delitos son denunciados.
Según datos arrojados por la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública (Envipe), en el 2018 la cifra negra (número de delitos que no se denuncia) ascendió a 93.9 por ciento, lo que indica que de 10 delitos que se cometen en el estado únicamente uno llega a oídos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Aunque la cifra negra obtenida en Zacatecas en el 2018 está por debajo de la que se dio en el 2017 que arrojó un 94.5 por ciento, desde el 2012 que se presentó un 89.2 por ciento. La cifra lejos de disminuir ha ido en aumento, de lo anterior se podría inferir que de igual manera ha incrementado el nivel de desconfianza que tienen los zacatecanos hacia el Poder Judicial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre las razones por las que las víctimas no denuncian los delitos ante la autoridad se encuentra que 45 por ciento no lo hace por causas atribuibles a la autoridad, dentro de este rubro destaca que el 17 por ciento tiene desconfianza en la autoridad mientras que un 20 por ciento lo considera una pérdida de tiempo.
Otros de los motivos atribuidos a la falta de denuncias que detalló la Envipe son: el miedo a la extorsión, trámites largos y difíciles, actitud hostl de la autoridad, miedo a represalias por parte del agresor, y el no contar con pruebas suficientes.
En el informe de la Envipe se añadía que de ese 8 por ciento que es denunciado, solamente en 76.1 por ciento de los casos el Ministerio Público abrió carpeta de investigación, lo que representa que del total de los delitos se inició averiguación previa únicamente en el 6.1 por ciento de los casos.
