Detecta ASE sanciones resarcitorias por 323 mdp a 18 municipios y Jiapaz

Detecta ASE sanciones resarcitorias por 323 mdp a 18 municipios y Jiapaz
Sesión legislativa celebrada este jueves FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Se llevó a cabo la revisión de las cuentas públicas de 2015

Valparaíso encabeza la lista con irregularidades detectadas por 77 millones 127 mil 439.93 pesos y le sigue Concepción del Oro con casi 43 millones de pesos.

 

Más de 323 millones de pesos de sanciones resarcitorias son las que se detectaron en las cuentas públicas del año 2015 en 18 municipios y en un organismo operador de agua potable.

Se trata de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) y de los ayuntamientos de Valparaíso, Loreto, Susticacán, Cuauhtémoc, Atolinga, Enrique Estrada, Pinos, Villa González Ortega, Juan Aldama, Miguel Auza, Concepción del Oro, Jiménez del Teul, Luis Moya, Mazapil, Chalchihuites, Villa García, Villa Hidalgo y Apulco.

Estas cuentas públicas fueron presentadas en la sesión ordinaria de la 62 Legislatura local de este jueves y serán votadas este viernes por los diputados locales.

Valparaíso encabeza la lista con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por 77 millones 127 mil 439.93 pesos y le sigue Concepción del Oro con casi 43 millones de pesos.

Con 35.1 y 32 millones de pesos están Villa Hidalgo y Miguel Auza, en Juan Aldama se señalan sanciones resarcitorias por 28.1 millones y en Mazapil por 24.2 millones de pesos. Después están Loreto con 17.7 millones, Pinos con 13.8, Villa García con 13.4 millones y Villa González Ortega con 11.3 millones de pesos.

Con cantidades inferiores a los 10 millones de pesos de irregularidades están el resto de municipios, que oscilan entre los casi 7 millones de pesos de Jiménez del Teul y los 213 mil pesos de Chalchihuites.

En el caso de Jiapaz, las sanciones resarcitorias ascienden a 777 mil 50.21 pesos, mientras que en la Junta Intermunicipal de Operación del Relleno Sanitario (Jioresa) no se detectaron irregularidades en la aplicación del recurso público, sino que se determinaron sanciones administrativas.

En dos casos, Mazapil y Villa Hidalgo, la ASE advierte que se presentarán denuncias de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de quien resulte responsable de diversos actos cometidos en las administraciones públicas.

En el primero municipio se expone que uno de los motivos de las denuncias es el hecho de que varios funcionarios municipales recibieron “anticipos de pago del Impuesto Predial” por 104 mil 500 pesos, recurso que “no fue ingresado en las arcas municipales, con lo que causó un perjuicio al Municipio al sustraer, ocultar o retener ingresos recibidos y que constituye la probable existencia de uno o más delitos, en términos de la legislación aplicable vigente”.

Asimismo, se interpondrá una denuncia “relativa al manejo, administración y cuidado de los recursos municipales” que se usaron para adquirir tres vehículos con un costo total de 735 mil pesos y respecto a los cuales el ayuntamiento “no acreditó su ubicación física”.

En el caso de Villa Hidalgo se señala que la denuncia estará fundada en “la presunción del desvío de recursos públicos propios y ocultamiento de información contable y financiera del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, correspondiente a la salida de recursos por el orden de 267 mil 440 pesos, en dos de las cuentas bancarias propiedad del municipio (…), que constituye la probable existencia de uno o más delitos, en términos de la legislación en vigor”.

En la sesión de este jueves en el Congreso local también fueron leídos los dictámenes de varias iniciativas, entre ellos, los relativos a las leyes de Voluntad Anticipada y de Salud Mental del Estado de Zacatecas.

La primera busca normar el derecho de las personas a decidir si, en caso de padecer alguna enfermedad terminal o incurable, quieren recibir o no tratamientos que alarguen su vida.

Mientras tanto, la Ley de Salud Mental incluye en su articulado la obligación de las autoridades estatales de vigilar, supervisar y regular la actuación de las sectas comerciales, que en el texto legal son nombradas como “agrupaciones de autoayuda”. Ambos dictámenes serán votados este viernes por los legisladores locales.

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