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viernes, 19 abril, 2024
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Amparo podría lograr que instalaciones de la mina San Martín sean devueltas

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Por: ALMA RÍOS •

En más de 10 años de conflicto obrero-patronal en la mina San Martín, que se ubica en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, se han verificado algunos episodios violentos, uno de ellos ocurrido el 30 de agosto de 2012.
El pasado 15 de enero una juez otorgó un amparo dentro del litigio por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que involucra al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el denominado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, cuya ejecución implicaría la devolución de las instalaciones por este último al primero.

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La secretaria general de Gobierno del estado de Zacatecas, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, contestó a pregunta expresa respecto de su intervención para garantizar o bien vigilar que esta entrega se realice sin violencia, que la dependencia lo hará solo en caso de que la Federación lo solicite.
La funcionaria refirió que conoce la existencia del citado amparo y dijo que el tema implicará “un acuerdo al que deben llegar los sindicatos”.
Precisó que será la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Styps) quien se responsabilice del procedimiento de entrega de las instalaciones de un gremio a otro, apoyada en su caso por la Policía Federal.
Aquel 30 de agosto de 2012, según refirió en entrevista para este medio el abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Óscar Alzaga, llegaron a la comunidad de San Martín 300 personas armadas con palos, varillas y armas de fuego para desalojar con violencia a la guardia de la huelga del SNTMMSRM y así posesionarse de las mismas, la CROC.
Esta organización mantuvo en su poder las instalaciones aun cuando perdió la votación en el recuento que se hizo para definir la titularidad del CCT, y fue hasta el 12 de julio de 2013 en que se desistió del litigio.
Luego de un mes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, a quien se ha acusado de ser un sindicato “blanco” que creó el propio German Larrea, dueño de Grupo México, cuya filial es dueña de la Mina San Martín, demandó otra vez la titularidad del CTT.
Esta organización gremial con sede en Monterrey mantiene hasta la fecha las instalaciones en su poder.
El pasado 15 de enero la juez quinto de Distrito en materia de Trabajo, de la Ciudad de México, Rebeca Patricia Ortiz Alfie, otorgó un amparo a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, “contra los actos del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)”, señala la nota de Patricia Muñoz Ríos, publicada el pasado 22 del mismo mes en el periódico La Jornada.
El presidente de la JFCA omitió atender dos aspectos dentro del litigio citado, justo revisar el tema del padrón de trabajadores y permitir que una huelga ya declarada legitima fuera violentada, por lo que la orden judicial mandató que estos temas se revisen y se entreguen las instalaciones a los huelguistas que desde hace más de 10 años pelean derechos laborales.

Al respecto Gilda Fabiola Torres Rodríguez mencionó que sí existe preocupación por parte de Gobierno del Estado respecto de este conflicto, y trajo a colación también el interés de las autoridades municipales al referir que ha recibido trabajadores de la demarcación que reclaman poder trabajar ante la incertidumbre que ha implicado el litigio.
”Para todos sería muy importante que se resolviera, pero partimos de que es una resolución federal y que se busque el acuerdo para que se resuelva de la mejor manera posible evitando violencia”.
La funcionaria situó el tema así en la reapertura de la mina, “porque es un desarrollo regional para el municipio, sería muy importante porque son fuentes de trabajo, claro que hay interés, desde el año pasado incluso la minera se acercó con el secretario de Economía y con su servidora a ver si había la posibilidad de ese acuerdo que no ha sido posible”.
Dijo que con el amparo cambia la jurídicamente la situación entre las partes pero reiteró que corresponde al Gobierno Federal “llegar a ese acuerdo”.
Añadió que está a la espera de que en próximos días esto ocurra, a fin de que se resuelva el conflicto, sobre lo que expuso expectativas de que sea “lo más pronto posible”.

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