■ Minera canadiense Pan American Silver impidió acceso de autoridades a sus instalaciones
■ Se busca que la dependencia federal considere los terrenos como nacionales
■ En esta comunidad de Chalchihuites, “los abusos son más graves” que los sufridos por los habitantes de Salaverna (Mazapil): UNTA
Los trabajos de medición y deslinde realizados por peritos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) entre el 6 y el 10 de diciembre en La Colorada “fueron exitosos” y representan un avance importante en el procedimiento que sus habitantes han iniciado ante la dependencia federal para lograr que los considere terrenos nacionales, dijo Efraín Arteaga Domínguez.
Comentó que aunque la minera canadiense Pan American Silver haya impedido el acceso a las autoridades mexicanas a sus instalaciones y no se presentaran ni su gerente o apoderados legales, no tiene relevancia, pues se realizaron los trabajos haciendo la medición desde los terrenos colindantes, efectuándose asimismo las reuniones de inicio y cierre con la presencia de los demás representantes de los ejidos y propietarios colindantes, por lo que no hubo mayor problema.
El representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Zacatecas, organización a la que se han adherido ya habitantes de La Colorada, comunidad del municipio de Chalchihuites, expuso que en este caso “los abusos son más graves” que los sufridos por los habitantes de Salaverna (comunidad de Mazapil)”.
“¡¿Hasta dónde tiene uno que llegar, de decir, bueno, siquiera en Salaverna quien intentó desalojarlos en diciembre fue el Gobierno del Estado, cómo si eso fuera consuelo, verdad?!, mientras que en La Colorada se trata de un caso de “justicia por propia mano”, ejercida por un particular, además extranjero”.
Fue directamente la minera canadiense Pan American Silver con sus máquinas y operadores quien demolió las viviendas de la gente en 2015, denunciaron en aquel momento, incluso con sus muebles y pertenencias dentro. “Es decir, ha estado incluso usurpando funciones que le corresponderían al Estado mexicano”, acotó.
También, mientras que en Salaverna todavía hay un puñado de familias resistiendo en sus viviendas, en La Colorada la trasnacional logró demoler las 150 que conformaban la comunidad, con una sola excepción, la de Don Chava.
“Este hombre tuvo el tino de haber escriturado su posesión. No obstante la empresa lo ha estado acosando y atosigando e interponiendo demandas en su contra ‘por quítame estas pajas’”.
Su vivienda quedó ya en medio de la zona industrial y las máquinas trabajan en derredor, pero no han podido desalojarlo, “él está resistiendo yo diría que heroicamente”, dijo Arteaga Domínguez.
La gente de La Colorada se ha defendido legalmente del despojo por dos vías, precisó, una es la ya mencionada de acudir ante la Sedatu para solicitar que se declaren las tierras donde han vivido como terrenos nacionales. Esto es, determine que nunca dentro del polígono que reclaman se ha constituido propiedad privada legalmente, para solicitar posteriormente se les adjudique en tanto que han detentado la posesión por generaciones “de manera pacífica, a título de dueño, es decir en la creencia de que lo son, y de buena fe”, comentó.
Antes ya habían iniciado otro procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario solicitándole a esta instancia federal que se les reconozca como comunidad, y por tanto ordene la restitución de las tierras que les han sido arrebatas por la empresa minera.
Ellos señalan que la comunidad ha venido poseyendo la tierra para la práctica de la agricultura, ganadería y recolección desde tiempos inmemoriales, incluso alegan que el asentamiento es de origen prehispánico.
Reivindican la posesión de un polígono de mil 150 hectáreas de las cuales una “buena parte” les ha sido arrebatada por la empresa mediante operaciones de compra venta de terrenos, fraudulentas.
Arteaga Domínguez precisó que mientras Pan American Silver no compruebe que las tierras salieron en algún momento del dominio de la nación, toda operación de compra-venta seria fraudulenta y por tanto afectada de nulidad legal.
Al respecto de esta vía comentó que el próximo 10 de enero se tendrá una segunda audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario.
Por lo pronto y mientras se analiza el fondo del asunto, la magistrada en esa instancia, ha emitido medidas precautorias para no permitir que la minera desaloje de “las barracas” a las personas a las que antes les había destruido su casa.
Efraín Arteaga se refiere a construcciones armables y desarmables “de un material que le llaman multipanel”, en las que los habitantes “se vieron obligados a aceptar la humillación de refugiarse, tras la demolición de sus casas históricas”.
Señaló a la estrategia de Pan American Silver de “perversa y cruel”, pues primero les demolió sus casas, luego los obligó a meterse a las barracas que construyó, para después despedirlos de la mina, y una vez hecho, decirles: “como ya no eres mi trabajador regrésame la casa que te presté”.
En consideración a que la empresa destruyó sus casas sin haberlos vencido en juicio, esto es, sin que se emitiera una orden judicial, es que la magistrada tomó la referida determinación.
Acerca de las vías de defensa jurídica que han utilizado los habitantes de La Colorada, Efraín Arteaga Domínguez, agregó que “están caminando, van avanzando bien hasta el momento”.
Los comentarios están cerrados.