- Explicó que en dicha ciudad colombiana se dispararon los niveles de inseguridad después de que se hundió su actividad industrial
- Urge cambiar el enfoque de las políticas públicas bajo la premisa de que los esfuerzos no deben dirigirse a las drogas sino a las armas: Jorge Da Silva
La falta de oportunidades económicas, la desigualdad y la inequidad son elementos que van intrínsecamente ligados a los problemas de violencia; una muestra de ello es que en la ciudad colombiana de Medellín comenzaron a dispararse los niveles de inseguridad después de que su actividad industrial se hundiera con la apertura comercial de este país latinoamericano.
Así lo expuso Jorge Mejía Martínez, ex secretario de Gobierno de Antioquia, quien participó este miércoles en el seminario “Seguridad y prevención del delito: retos y perspectivas” organizado por la subsecretaría de Prevención Social del Delito de la Secretaría General de Gobierno.
El especialista apuntó que Medellín era la ciudad que más actividad industrial tenía en Colombia; sin embargo, la apertura comercial a través de tratados que se dio en este territorio, sin un fortalecimiento y una preparación previa de la economía interna, provocó una debacle de la industria en esa localidad.
Esto, dijo, tuvo como consecuencia que el narcotráfico se convirtiera en una salida para que las personas que hasta ese momento vivían de la llama industria de chimeneas consiguieran ingresos; “el narcotráfico se volvió una opción”, puntualizó.
La tasa de homicidios en Medellín llegó a ser abrumadora, colocando a esta ciudad colombiana como una de las más peligrosas del mundo: más de 6 mil 349 asesinatos anuales, es decir, una tasa de 368 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La desigualdad y la inequidad “son los grandes temas” de Medellín y sostuvo que estos conceptos están relacionados con el problema de la violencia, por lo que aseveró que el tema de la seguridad no puede ser abordado de manera aislada.
Durante su ponencia en el seminario realizado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas, Mejía Martínez expuso el caso de Medellín y la intervención por parte de las autoridades con la puesta en marcha de un “modelo integral de gestión social de la seguridad y la convivencia”.
Entre los elementos destacados, considerados como necesarios para una política pública de prevención exitosa, mencionó que es indispensable contar primero con información; “sin indicadores oportunos y confiables, es imposible”. Asimismo, expuso que se requiere una coordinación entre instituciones y con diferentes actores como la iniciativa privada, un marco institucional de actuación, la participación ciudadana y la gestión de los resultados.
Después de aplicar un programa de estas características, informó que en 2015 se había logrado una reducción en diversos delitos como el robo de vehículo y de motocicletas pero, sobre todo, se consiguió disminuir radicalmente la tasa de homicidios hasta llegar a 20 por cada 100 mil habitantes; además, se tuvo como consecuencia también que mejorara la percepción ciudadana logrando que el 75 por ciento de los habitantes de la ciudad se sintieran seguros en sus barrios.
El problema son las armas, no las drogas
Otro de los ponentes del seminario fue Jorge Da Silva, miembro de Justicia de Rio de Janeiro, quien hizo énfasis en su discurso en la urgencia de cambiar el enfoque de las políticas públicas bajo la premisa de que los esfuerzos no deben dirigirse a las drogas sino a las armas.
El experto apuntó que en los países de Latinoamérica “se piensa en combatir el crimen, la violencia, con la fuerza de la policía, y se piensa que la sociedad tiene un solo problema: las drogas”, cuando éstas deberían ser consideradas como “una cuestión social”.
El consumo de estupefacientes dijo que tiene que ser una preocupación vista desde todos los ámbitos, entre ellos el de salud y el educativo, por ejemplo; sin embargo, la violencia no la genera esta situación, sino que es provocada por las armas ya estén en manos de delincuentes o de las autoridades.
En este sentido, hizo énfasis en que la guerra contra las drogas sólo provoca “víctimas de fusiles” y “amplía el problema”. Por ello, recalcó que es un error el discurso que señala “que los traficantes tienen armas muy pesadas, con fusiles de guerra, entonces la policía tiene que tener también. No es eso, es que los traficantes no deben tener estas armas y la cuestión es cómo los traficantes las tienen”.
Concluyó que “los países deben comprender que la guerra a las drogas que practican es un tiro en su propio pie”; éste debe ser el primer paso ya que aseveró que “no es cuestión de cambio, es cuestión de mostrar que éste es el principal problema”.
Agregó que el control de las armas no se va a conseguir con un cambio en la legislación mexicana o con modificaciones en las leyes brasileñas; por el contrario, son necesarios esfuerzos internacionales para controlar la entrada de armas a los países latinoamericanos y su circulación masiva en las calles.
Hay una deuda en la atención a víctimas
Por su parte, la chilena Cecilia Jaramillo, especialista en Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, abordó el panorama que hay en México respecto a las políticas públicas en esta materia.
En su intervención explicó que hay tres tipos de prevención: la primaria, que es la que atiende a toda la población; la secundaria, que se refiere a la que tiene un enfoque específico en algún grupo poblacional; y la terciaria, que es la que se dirige tanto a las víctimas del delito como a quienes ya se involucraron en actividades ilícitas.
En este tercer ámbito, precisó, México tiene una deuda pendiente, desde los gobiernos locales y estatales hasta el federal, y como ejemplos mencionó el caso de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa.
A través de un estudio comparativo de las políticas de prevención aplicadas en varios países, la experta señaló que obtuvo un listado de “buenas prácticas”. Entre ellas, aseguró, están el implementar más acciones desde los gobiernos locales ya que es la autoridad más cercana a la población y que tienen un mayor conocimiento de cada territorio.
Asimismo, expuso que es fundamental la participación ciudadana y destacó la necesidad de conformar presupuestos participativos para involucrar a la ciudadanía en las acciones que se planeen dentro de la política general.
La información, la focalización por grupos de población, la organización del recurso disponible más que la obtención de grandes cantidades de dinero y la evaluación de los resultados son otros de los elementos comunes de los ejemplos exitosos.
No obstante, Jaramillo hizo un recuento también de las dificultades que hay en México para la implementación de estas estrategias y algunas de éstas son la falta de condiciones para aterrizar los lineamientos nacionales al ámbito local, porque no hay presupuesto o directamente hay un control del crimen organizado en algunas zonas.
Se habla de la participación social, de los sistemas de indicadores y de la evaluación, pero no se contemplan el cómo para su aplicación real.
Ante este panorama, la académica concluyó que son necesarios tres elementos: la voluntad política, la generación de lazos de confianza y, para ello, el combate real a la corrupción y los abusos por parte de las autoridades.
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