- Enfrentan dicha situación 100 empleados de este Organismo Público Descentralizado
- Hay personas que llevan más de una década firmando contratos temporales que deben renovar cada pocos meses, aseguran los afectados
- Explican que la SSZ argumenta que ya no es de su competencia el otorgar
Ni seguridad social ni derecho a créditos y sin poder generar antigüedad. Éstas son las condiciones en las que trabajan más de un centenar de personas en el Seguro Popular, de acuerdo con las denuncias hechas por los propios empleados, quienes prefirieron guardar el anonimato.
Desde los que laboran en el área de afiliación hasta los gestores médicos; ninguno cuenta con estas prestaciones mínimas que por ley deben tener todos los trabajadores.
Hay personas, aseguran los afectados, que llevan más de una década en estas condiciones, firmando contratos temporales que deben renovar cada pocos meses. Esto les provoca inestabilidad e inseguridad laboral, aseguran.
Estos trabajadores sostienen que prácticamente año con año hay promesas de que se les brindará seguridad social pero finalmente, bajo el argumento de que no hay suficiente techo presupuestal para ello, continúan sin tener esta prestación básica.
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, les ha informado que ya no es de su competencia el otorgar condiciones distintas a estos trabajadores debido al cambio de régimen que hubo en el Seguro Popular y por el que se convirtió en un Organismo Público Descentralizado (OPD).
“No sé si vale la pena trabajar por nada; cuando por mi trabajo nunca voy a aspirar a un crédito, una casa, un auto”, se señala entre los afectados y añaden que no hay ni tan siquiera seguridad o respaldo del salario con los comprobantes de pago que entregan, pues es únicamente un folio impreso sin sellos ni membretes institucionales.
Esta situación refleja, entre otras cosas, las cifras del estudio que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo (ENOE).
En este informe se refiere que el problema de la informalidad en Zacatecas no sólo se da en empresas que no están registradas, sino que también existen estas condiciones dentro de compañías formalmente establecidas e inclusive, como en el caso del Seguro Popular, en instancias gubernamentales.
En el correspondiente al segundo trimestre de este año, que es el más reciente del que se tienen datos, el Inegi señala que en Zacatecas hay 400 mil 536 personas que están trabajando en modalidades de empleo informal y, de éstas, el 22.2 por ciento son empleados de empresas formales, gobierno e instituciones, es decir, 89 mil trabajadores.
Si se hace la comparación de esta cantidad con el total de empleados que tienen estos tres sectores (empresas, gobierno e instituciones) y que son 316 mil 839, la estadística del Inegi muestra que tres de cada 10 de ellos no tienen las prestaciones mínimas que se les deben dar por ley.
