■ Abre expediente la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros
■ Recibimos la noticia criminal a través de los medios de comunicación: Sergio Martínez
La Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto ya una investigación en contra del Congreso del estado de Zacatecas, y de las empresas fachada que fueron contratadas por la Legislatura local para facturar operaciones no comprobadas.
El delegado de la dependencia en la entidad, Sergio Martínez Escamilla, explicó que el Código Fiscal federal establece como delito “el hecho de comprar facturas a empresas fantasma y a su vez establecer una empresas que no tiene ni personal ni mobiliario ni se dedica al objeto de eso”.
La situación en el Congreso local sobre la contratación de este tipo de compañías fue dada a conocer en este medio de comunicación el pasado 6 de julio. Al ser un delito que se persigue de oficio, informó el funcionario federal, se retomó el caso expuesto en las publicaciones para elaborar el reporte y enviarlo a las oficinas centrales de la PGR.
Al respecto, comentó que “recibimos la noticia criminal a través de los medios de comunicación y se hizo un desglose a la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (…), quien analizará si existe efectivamente alguna evidencia de alguna situación de un ilícito y determinara qué es lo que procede. Lo que les puedo decir es que, por el momento, se encuentra una investigación desde la Ciudad de México”.
Estos procesos pueden durar varios meses dependiendo “de la complejidad del asunto”, precisó.
Expuso que en caso de concluirse la responsabilidad de los involucrados la sanción será siempre penal y puede
oscilar entre los 6 meses y los 8 años de cárcel.
A principios de este mes, La Jornada Zacatecas documentó la contratación de tres empresas por parte de la Legislatura para realizar diversas operaciones por el monto de 9 millones 31 mil 528.13 pesos entre el año 2014 y el primer trimestre de 2015.
Aunque vía Ley de Transparencia se solicitaron al Congreso local documentos, como videos, fotografías, listas de asistencia y demás elementos comprobatorios de los productos y servicios contratados, este respaldo no fue enviado.
Por el contrario, se recibieron 2 mil 501 páginas con comprobantes de gastos de municipios, citatorios para reuniones de trabajo, posicionamientos en tribuna de los diputados y dictámenes de las comisiones legislativas sobre diferentes temas, entre otros materiales.
Las empresas contratadas en fueron Bello Caporetto SA de CV, Consultoría Ipanema SC y Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV.
Con las dos últimas compañías presuntamente se compraron asesorías legislativas, fiscales, jurídicas y legales, siendo el monto total de estas facturas de 8 millones 265 mil 693.28 pesos. Mientras tanto, con la empresa Bello Caporetto SA de CV se facturaron desde renta de sillas, mesas y equipos de sonido hasta impresión de lonas, compra de globos de helio y material de oficina, así como servicios de mantenimiento de equipos de cómputo.
Destaca que tanto Bello Caporetto como Gaudino tienen el mismo domicilio fiscal, ubicado en la calle Vialidad Arroyo de la Plata, número exterior 52, en el centro de Guadalupe. No obstante, tras acudir al lugar, el espacio se encontró prácticamente vacío, sin material de oficina ni trabajadores. Además, las personas que se hallaban en el local a puerta cerrada desconocieron las actividades de estas empresas.
