El juicio fue promovido por legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, quienes afirman que el gasto destinado a temas específicos fue disminuido, violando el principio constitucional de no regresividad de derechos.
“Estamos frente a un gran retroceso en la libertad de información y de expresión; probablemente el más grave de los últimos 45 años”, señalaron los empresarios.
El presidente de México planteó que, si los consejeros se niegan, se convoque a una decena de encuestadoras para que hagan la misma pregunta: si continúa o no en el cargo.
