La Fiscalía del Tribunal Supremo español envió una comisión rogatoria librada por el teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, en la que advierte que hay “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación” proceden de esta actividad ilícita, por las que el rey podría haber incurrido en cuatro delitos: “blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”.
