Ciudad de México. Jueces y magistrados en retiro advirtieron que acudirán a instancia internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de respuestas institucionales de pagarles indemnizaciones y pensiones adicionales pendientes tras su salida por la reforma judicial.
Por segundo día consecutivo un ex juzgadores federales en salieron a marchar. En esta ocasión lo hicieron vestidos con togas del Monumento a la Revolución a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, ya que en junio pasado, la dependencia se ofreció mediar con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) en el conflicto para que los indemnicen, sin embargo, lamentaron que no han sido convocados para instalar mesas de negociación.
De acuerdo con los inconformes, son alrededor de 230 personas juzgadoras que dejaron el cargo tras la reforma judicial, a quienes se les adeuda la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria.
«No hay respuesta, es inconcebible, saben cuánto hemos batallado desde octubre del año pasado y no hay autoridad que nos dé respuesta. Somos más de 100 juzgadores federales sin pensión complementaria a pesar de que la legislación tanto interna como a nivel constitucional la prevé».
Reiteraron que de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, incluyendo tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado, vacaciones y primas vacacionales, así como de pensión complementaria.
Apuntaron que las autoridades judiciales argumentaron que algunos togados en retiro no tienen derecho al pago, porque en su momento renunciaron ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal y no en el Senado de las República, ya que era un requisito legal establecido en la reforma judicial de 2024 para que pudieran declinar su participación en las elecciones extraordinarias y asegurar el derecho a recibir su haber de retiro.
Por su parte, fuentes del OAJ dijeron que no se le adeuda a nadie de los togados que protestaron, porque no están en el supuesto que la ley contempla para el pago.
Elba Sánchez Pozos, Presidenta de la Asociación Civil Personas Juzgadoras Federales en Retiro, de reciente creación y Froylan Muñoz Alvarado, magistrado en retiro dijeron que todo trabajador cuando es despedido le pagan los derechos fundamentales que son los tres meses de una indemnización constitucional más lo que corresponde por la antigüedad.
Agregaron que también acudirán al Senado de la República para reunirse con la Comisión de Justicia.
