A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la exigencia de verdad y justicia permanece intacta. No se trata solamente de una deuda con las madres y padres que han convertido su dolor en una lucha ejemplar contra la impunidad. Es una deuda con toda la sociedad mexicana.
La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero vuelve a colocar en el centro una pregunta fundamental: ¿hasta dónde llegaron las responsabilidades de quienes, desde las estructuras del poder, participaron en el encubrimiento de los hechos? La Fiscalía General de la República sostiene que Aguirre habría ordenado eliminar evidencias relevantes de lo ocurrido en Iguala. Se trata de una acusación que deberá probarse ante los tribunales, pero que, por su gravedad, no puede ser minimizada.
Ayotzinapa demostró que la impunidad no sólo se construye mediante la violencia, sino también mediante la manipulación de investigaciones, la desaparición de pruebas y la fabricación de versiones oficiales. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desmontó hace años la llamada “verdad histórica” y documentó graves irregularidades en la investigación y aportaron las pruebas suficientes para calificar esta tragedia como crimen de Estado.
Por ello, cada nueva evidencia y cada eventual responsabilidad fincada deben conducir a una verdad completa, no a una verdad conveniente. La reciente resolución judicial que ordenó entregar 853 folios militares faltantes confirma que todavía existen piezas fundamentales por esclarecer.
La justicia para los 43 no puede depender del paso del tiempo ni de la jerarquía de los involucrados. Investigar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables es indispensable para cerrar una de las heridas más profundas de la historia reciente de México y que la llamada cuarta transformación no ha logrado concretar.
Porque mientras no haya verdad plena, Ayotzinapa seguirá siendo una deuda abierta del Estado con sus víctimas y con la nación.
